En la tercera sesión ordinaria del año, la Cámara de Diputados de Santa Cruz aprobó la ley que establece el 9 de abril como el “Día Provincial de la Concientización en Seguridad Laboral Minera”, una fecha cargada de simbolismo y memoria. La norma fue impulsada por el diputado Sebastián Aberastain junto a otros legisladores, y nace como respuesta al trágico fallecimiento de Rosana Paola Ledesma y Daniel Alberto Ochoa, trabajadores mineros que perdieron la vida en el yacimiento Cerro Negro en circunstancias que aún son investigadas por la justicia.
La ley no sólo instituye una fecha conmemorativa, sino que también ordena la realización de campañas de visibilización y concientización en todos los yacimientos de la provincia durante la segunda semana de abril. La iniciativa apunta a fortalecer los sistemas de seguridad, visibilizar los riesgos del trabajo minero y reforzar la responsabilidad tanto de las empresas como del Estado en el cumplimiento de las normas laborales.
En memoria de Rosana y Daniel
Los fundamentos de la norma señalan que el 9 de abril de 2024 será recordado como un día trágico en Santa Cruz. Rosana Ledesma, de 48 años y vecina de Perito Moreno, era supervisora de laboratorio químico y cofundadora del Equipo de Rescate Minero (ERM), con una trayectoria reconocida dentro de la empresa. Daniel Ochoa, de 26 años y oriundo de Río Gallegos, se desempeñaba como operador químico en el mismo laboratorio desde 2018. Ambos formaban parte del ERM y contaban con formación en protocolos de emergencia.
Según la autopsia, ambos fallecieron por inhalación de gases tóxicos y elevados niveles de potasio en sus órganos, en un hecho calificado judicialmente como “negligencia agravada”. La causa es investigada por el juez de Instrucción Eduardo Quelín y el fiscal Ariel Candia.
El diputado Aberastain fue contundente al sostener que la tragedia “puso al descubierto innumerables fallas en los sistemas de seguridad en la actividad minera y decenas de denuncias realizadas que jamás fueron atendidas”. Señaló además que hubo “negligencia empresarial, falta de control y ausencia del sindicato”, lo que derivó no solo en la pérdida de Rosana y Daniel, sino en otras muertes que aún esperan justicia.
La ley también busca “resaltar el rol del Estado en la generación de políticas públicas de seguridad laboral minera”, e impulsar un cambio cultural que priorice la vida y la integridad de los trabajadores por sobre cualquier otro interés.
El texto legal subraya que “las tragedias en la explotación minera no son novedad” y que muchas de ellas “aún esperan respuestas” en un sistema judicial lento y con escaso acompañamiento estatal.
