En el marco de la campaña Nacional de denuncia y repudio iniciada por ADOSAC, el nuevo intento de parte de la justicia de Santa Cruz de transformar en imprescriptible los hechos surgidos de la PROTESTA SOCIAL.
La DRA. RAQUEL CORONEL que fuera nombrada Presidenta de las XLVII JORNADAS DE DERECHO LABORAL, de la ASOCIACIÓN DE ABOGADOS Y ABOGADAS LABORALISTAS (Capital Federal) y el DR. ENRIQUE PAPA en el XXX ENCUENTRO NACIONAL DEL FORO FEDERAL DE INSTITUTOS Y COMISIONES DE DERECHO DEL TRABAJO DE COLEGIOS DE ABOGADOS DE ARGENTINA, realizadas el 2 y 3 de diciembre del corriente en la ciudad de Salta, ambos en su disertación manifestaron, en Santa Cruz en este momento se está procesando a 4 dirigentes y activistas de ADOSAC y ATE, por hechos sucedidos en 2017, “en ejercicio de su función sindical” en una protesta callejera, acompañando los reclamos de sus representados.
En el marco del procesamiento, habiendo transcurrido más que excedidos los plazos de prescripción de los delitos que se les imputaron, les es negado la extinción de la acción penal por prescripción, al considerarlos comprendidos dentro de la ley de ética pública (ley 25188) y aplicándoles la reforma al Código penal – realizada específicamente para delitos de corrupción – (ley 27206), considerando que los mismos fueron realizados dentro del “ejercicio de la Función Pública”, aun cuando el supuesto delito no era en razón de su función como docentes o empleados públicos, sino como dirigentes sindicales, y ejerciendo el derecho a la protesta -.
Así la justicia equipara la actividad sindical de cualquier trabajador estatal a un funcionario público, una flagrante violación a la acción sindical, motor de la libertad sindical derecho humano fundamental, protegida por nuestra Carta magna, y tratados Internacionales.
Continuaron diciendo y advirtieron, de quedar firme este antecedente, todos los dirigentes sindicales, que trabajen para el estado, que se manifiesten, y que sean procesados, por estos hechos, serán imprescriptibles por desempeñarse como empleados públicos, confundiendo las tareas o empleo de cada ciudadano, con su función en ejercicio de su acción sindical, dos temas totalmente independientes que solo tienden a encubrir la criminalización de la protesta, y atar de pies y manos a todo trabajador que pretenda reclamar contra el estado.
Para finalizar aseguraron, esto se agrava aún más si consideramos que en Río Gallegos, donde se llevaron a cabo estos hechos, más del 51% es empleado estatal, de esta forma el gobierno intenta garantizarse que más de la mitad de la población de esa región no pueda reclamar por sus derechos, restringiendo el derecho a Huelga.
