La Diputada Nacional Roxana Reyes alertó sobre los efectos de los anuncios presidenciales en los que Alberto Fernández sostuvo que hay que «meter mano en la justicia». Para la Legisladora no hay dudas de que el Gobierno va por el control total de la Justicia y de todas las instituciones del poder.
Reyes afirmó que las declaraciones del Presidente anticipan una búsqueda por controlar, someter y dominar al PODER JUDICIAL en su totalidad, y no descartó que vaya a suceder como ya pasó en otras provincias como Santa Cruz.
«Es muy grave que el Presidente lance una advertencia de este tipo que, además, funciona como una amenaza a quienes decidan investigar al Gobierno o cuestionar sus decisiones», dijo.
En este sentido, la Diputada Nacional Roxana Reyes remarcó que «esto es lo mismo que ya hicieron en Santa Cruz».
Reyes hizo una analogía y sostuvo que en Santa Cruz metieron mano en la justicia y terminamos con una justicia sometida al poder político. Hoy en la provincia no hay investigaciones ni causas contra funcionarios del Gobierno, porque todas las denuncias ni siguieran tramitan o instruyen investigación.
«Metieron mano en la Justicia y se quedaron con el control total del Congreso Provincial, con la reelección indefinida; aplicaron cambios a su medida en las leyes electorales dejando sin representación a las minorías. También aplicaron la Ley de Lemas para garantizarse una ingeniería que, aun perdiendo las elecciones, les permita sumar votos de socios y partidos afines para quedarse con el Gobierno», manifestó.
La Diputada enfatizó en que «el Gobierno va por el control total de la Justicia», lo que va a permitirles evitar controles y garantizarse la chance de hacer todo lo que quieren.
«Meter mano en la justicia significa menos democracia y menos república, y anticipa una serie de acciones contra la independencia de ésta y sus atribuciones», dijo.
LO QUE ES IMPORTANTE PARA EL GOBIERNO, NO ES PARA LA GENTE
En medio de un escenario donde los casos de COVID no paran de subir en muchos puntos del país y de la inminente segunda ola de la pandemia, el Gobierno prevé que en el verano el Congreso trate los dos proyectos de ley pendientes que proponen profundas reformas en la Justicia, la Ley de Reforma Judicial y la norma que prevé flexibilizar las mayorías necesarias para elegir al procurador general de la Nación.
En este sentido, Reyes lamentó que el Gobierno siga desviando su atención de los problemas reales de la Argentina como son la inflación y la pandemia, y en cambio magnifique de urgente estos temas, dedicando todos sus esfuerzos a controlar y recortar la libertad de los ciudadanos y otros poderes del Estado.
La denominada reforma judicial, considerada por el Gobierno uno de los pilares de su gestión, diluye de hecho el poder de Comodoro Py y multiplica los nuevos tribunales a partir de la fusión de los 12 juzgados del fuero Criminal y Correccional con los 11 del Penal Económico.
En el caso de la reforma del Ministerio Público Fiscal, el proyecto elimina el requisito de los dos tercios de votos en el Senado para la elección del nuevo procurador y reduce su mandato a cinco años, prorrogables por otros cinco.
