La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dado un paso fundamental en el recupero de activos derivados de la corrupción, al iniciar formalmente el proceso de transferencia al Estado de más de 60 millones de dólares que fueron decomisados al empresario Lázaro Báez.
En un movimiento estratégico que busca alterar el curso de sus procesos, la defensa de Julio De Vido y Juan Pablo Schiavi intentó apartar a los magistrados del Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7).
El análisis de Gendarmería despejó las dudas que el kirchnerismo sembró durante años sobre las anotaciones del chofer Oscar Centeno. Empresarios y arrepentidos ya habían reconocido el circuito de sobornos que involucra al Ministerio de Planificación.
El Presidente oficializó la Oficina de Bienes Recuperados, dependiente del Ministerio de Justicia, para custodiar, administrar y disponer la venta de activos decomisados en causas judiciales, con el objetivo de agilizar los procesos y golpear financieramente a organizaciones criminales.