La provincia de Santa Cruz marcó un hito histórico al concretar la adquisición del obrador principal que perteneció a Austral Construcciones, la controvertida empresa de Lázaro Báez.
El exdiputado Miguel Farías, actual referente del gobierno provincial, denunció un esquema de concentración en la adjudicación de obras públicas durante la gestión de los Grasso al frente del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV). Según detalló, entre 2022 y 2023, contratos por más de $500 millones fueron entregados a un único grupo empresario de Río Gallegos, dejando fuera a las empresas del norte de la provincia. Varias obras terminaron inconclusas o fueron rescindidas por incumplimientos.