Categoría: Rio Gallegos

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Mediante una resolución del concejal Evaristo Ruiz, aprobada por mayoría en la ultima sesión, del Honorable Concejo Deliberante pidió un informe al Municipio para conocer si el proceso de elección de autoridades realizado en las juntas vecinales Todos por San Benito y Lago del Desierto II, se ajusta a la normativa municipal vigente en la materia. En este contexto, el concejal Ruiz comentó que esta solicitud surgió a partir de tomar conocimiento (a través de medios de los medios de prensa) de que el departamento Juntas Vecinales Municipal en los últimos días de abril habría convocado a asambleas para la elección de las comisiones directivas de estas dos juntas vecinales de la ciudad. “Lo que a nosotros nos llama la atención es que aparentemente no se cumplió con la constitución de la junta electoral y la convocatoria a elección, sino que en forma directa esta asamblea de vecinos procedió a renovar o a designar las comisiones directivas de cada junta vecinal, lo cual no se corresponde con las prescripciones legales previstas en la ordenanza N° 1196, (modificatoria N° 8586 y decreto reglamentario N° 3905/10) que regula el funcionamiento de las Juntas Vecinales en el ámbito de Río Gallegos”. “ De ser así, esto nos parece una cuestión grave porque se priva al resto de los vecinos de estos barrios de poder participar de la elección, empadronarse en los respectivos registros, integrar una lista de candidatos para poder competir públicamente y ser elegido mediante el voto directo de los vecinos, tal lo normado”, agregó. Respecto a la contestación del pedido de informe por parte del Ejecutivo Municipal, el edil señaló que en caso de que la respuesta no sea satisfactoria, solicitarán que “se deje sin efecto todo lo actuado por contradecir la normativa vigente y se convoque a nuevas elecciones en estas dos juntas vecinales”, ya que, enfatizó, “es la única manera de garantizar la participación y la representación de los ciudadanos mediante estas organizaciones vecinales”. “Nosotros apuntamos a garantizar la participación democrática de todos los vecinos y que la comisión directiva que resulte electa sea lo más representativa y cuente con la mayor legitimidad posible para poder gestionar los intereses de vecinos ante la municipalidad u otros entes públicos, o poder participar de los distintos ámbitos de actuación previstos por la ordenanza, como ser asambleas de vecinos o federaciones de juntas vecinales, que les permitan buscar otros canales para defender los intereses del barrio. Pero la única forma de lograrlo es con juntas vecinales que funcionen de acuerdo a la ordenanza para darle seguridad jurídica y viabilidad”, subrayó para finalizar. Lo que dice la ordenanza sobre la convocatoria de asambleas En este sentido, el concejal Ruiz, explicó que, de acuerdo a la norma, la asamblea de vecinos se convoca con el único fin de designar una junta electoral que será la responsable de llevar adelante el proceso eleccionario dentro de las juntas vecinales y quien será la autoridad de control de lo actuado. “La elección implica un proceso administrativo que se inicia con esta asamblea, continúa con la confección del padrón de electores del barrio – integrado por aquellos vecinos que voluntariamente se incorporen al mismo-, una vez aprobado el padrón, se dará lugar al acto eleccionario. Es una elección común, con autoridades de mesa a cargo del departamento Juntas Vecinales como fiscalizadora, mediante la cual se eligen las autoridades de la junta vecinal por el voto directo y secreto de los vecinos. Una vez concluido el acto eleccionario, se procede al escrutinio de votos y se proclaman las nuevas autoridades electas. En el caso de que no haya oposición y haya solo una lista de candidatos presentados, será proclamada esta lista como la nueva comisión directiva de la junta vecinal”.

Las autoridades de la Cámara de Comercio, Industria y Afines de Río Gallegos (CCIARG) se reunieron con representantes locales de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ante la preocupante multiplicación de casos de ejecución fiscal en comercios y pymes de la ciudad. Desde la CCIARG, se manifestó la necesidad de aplazar o prorrogar las intimaciones y ejecuciones de juicios, que contribuyen a consolidar el ahogo del sector mercantil y empresario en la actual coyuntura de crisis. Mientras que los referentes de la AFIP indicaron que plantearan la inquietud ante las autoridades del ente recaudador. Encabezaron la reunión, Carolina Neil, Alejandro Agulla, Cristina Aranda y Ricardo Victoria por la CCIARG, y por la AFIP, Sonia Díaz (jefa Agencia Río Gallegos) y Ariel Agamenone (Supervisor de Fiscalización). “En representación del sector comercial pyme de la ciudad, hemos expuesto el delicado momento que atraviesa el comercio local, y atento a la información recibida por parte de nuestros asociados acerca de la cantidad de juicios con ejecución fiscal inminente que han recibido en los últimos días, solicitamos a las autoridades de la AFIP que se difieran por 30 días las ejecuciones fiscales en curso con el fin de dar mayor plazo a los comerciantes para hacer frente a las obligaciones vencidas”, dijo Carolina Neil, presidente de la CCIARG. En este sentido, explicó que “son varios los factores que afectan al comercio de la ciudad desde hace varios meses y que nos han llevado a ésta situación, acelerándose con la crisis provincial y el corte de la cadena de pagos y salarios. Las ventas de los comercios han caído un 40% los últimos dos meses generando atrasos para el pago de servicios y obligaciones”, advirtió. Por último, los representantes del sector comercial solicitaron que el Estado asuma con mayor énfasis el rol de “contralor de las actividades económicas informales, sector que es actualmente el gran evasor del fisco”. Además remarcaron que “el Estado Nacional a través de la AFIP y el Provincial a través de la Subsecretaría de Comercio, la ASIP, la Secretaría de Trabajo y la Fiscalía de Estado tienen las herramientas y las funciones atribuidas para combatir este flagelo que en forma lenta pero sostenida va socavando la rentabilidad de las mini pymes y pymes santacruceñas que aún sufriendo grandes pérdidas económicas deben afrontar las obligaciones patronales e impositivas”. En ese sentido, la jefa de la Agencia Río Gallegos de AFIP informó que se encuentran realizando controles e inspecciones.

El edil pidió al Ejecutivo Municipal que brinde detalle de los números del municipio, lo recaudado por el Juzgado Municipal de Faltas, entre otros temas. En la quinta sesión ordinaria que se llevó a cabo ayer, el concejal radical Fabián Leguizamón presentó un proyecto de Resolución solicitando al Ejecutivo Municipal un informe de la ejecución del Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al año 2016. En este contexto, Leguizamón señaló que “el presupuesto constituye la base de la administración municipal y el intendente está obligado a ceñirse al mismo”. Vale recordar que la Ley Nº 55 (Régimen Orgánico de las Municipalidades) en su Artículo Nº 62 faculta al Ejecutivo Municipal a proyectar las Ordenanzas impositivas y el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos. Asimismo el edil recordó que la Acordada Nº 54 establece en su Artículo Nº 9 que el Ejecutivo Municipal deberá al Concejo Deliberante el Proyecto de Presupuesto antes del 31 de agosto, para entrar en vigencia el 1º de noviembre. “Al día de la fecha no contamos con esa información vital para este órgano legislativo y también para los vecinos que tienen derecho a conocer los números del municipio”, resaltó. Además, informó que semanas atrás se aprobó el proyecto de Resolución que busca garantizar el acceso a la información pública del municipio local y advirtió que se “sancionará a aquellos funcionarios que no respondan en tiempo y forma los pedidos de informe elevados por ese cuerpo”. Por otra parte, presentó un proyecto de Resolución solicitando al Juzgado Municipal de Faltas, un informe sobre la cantidad de actas de infracciones labradas y al Departamento Ejecutivo un informe acerca de la recaudación en todo concepto de multas por contravenciones durante el año 2016. “Es oportuno conocer estos datos ya que el intendente manifestó días atrás que se registró una baja casi un 50% en la recaudación correspondiente al mes de abril debido los atrasos en el pago de sueldos de empleados estatales, lo que impide abonar tasas e impuestos municipales a muchos vecinos”, indicó. También requirió al Ejecutivo Municipal, a través de las áreas pertinentes, informe al Concejo Deliberante el cumplimiento en todos sus términos de la Ordenanza N° 7743 que declara la Emergencia Vial prorrogada mediante Ordenanza Nº 8420. En este sentido solicitó que se remita a ese cuerpo un informe sobre las inversiones ejecutadas para atender el gasto en materia de Seguridad Vial “dado las estadísticas alarmantes y la preocupante cantidad de accidentes de tránsito que tienen lugar en la capital provincial”. Por último, insistió al Ejecutivo Municipal para que a través de la Secretaria de Obras Públicas y Urbanismo proceda a realizar trabajos de bacheo y reacondicionamiento de calles sobre distintos puntos críticos de esta ciudad capital.