Categoría: Policiales

El presidente del Bloque de Unión para Vivir Mejor en la Legislatura Provincial envió esta mañana una carta a la Gobernadora de Santa Cruz en relación a la convocatoria que realizo para generar un ACUERDO SOCIAL. El diputado expresó que no asistieron ya que el dialogo no debe ser considerado una cuestión extraordinaria. En su carta Gardonio declino concurrir a la reunión que había sido convocada por la Gobernadora ante los hechos de conocimiento públicos que sucedieron los últimos días. El legislador detallo que desde cada uno de los puestos que ocupan en la legislatura provincial y desde su rol político, vienen reclamando de modo constante la apertura del diálogo en su ámbito propio –la legislatura provincial; pero lamento que el Frente para la Victoria haya sistemáticamente negado ese camino. “Creemos que el debate parlamentario sincero y responsable sobre las cuestiones de fondo es un camino necesario para dar respuestas a la crisis política que atraviesa Santa Cruz.” Gardonio remarcó que previo a la convocatoria a un nuevo “Acuerdo Social”, se debe respetar y dar estricto cumplimiento al acuerdo social contenido en la Constitución de Santa Cruz, y a las leyes de la Provincia. Posteriormente el Diputado Daniel Gardonio en nombre de su bloque pidió que el gobierno adopte una serie de medidas para sortear la crisis política que vive la provincia. En ese marco volvieron a exigir el Fin de la Ley de Lemas, la modificación de la Ley de Coparticipación y la Creación de la Oficina Anticorrupción. “Solicitamos al Gobierno Provincial que adopte las medidas a su alcance para posibilitar el tratamiento y dar impulso en la Legislatura Provincial de los proyectos presentados por el Bloque de Diputados UPVM, y que poseen en una directa relevancia para sortear la crisis política en que está sumergida nuestra provincia: reforma política; derogación de la Ley de Lemas, Nueva Ley de Coparticipación, Ley de Acceso a la Información Pública, Ley de Creación de la Oficina Anticorrupción, Ley del Consejo de la Magistratura, Ley de Narcomenudeo, Reglamentación del Proceso de designación de los Vocales del Tribunal Superior de Justicia; Ley de Empleo Joven, Ley de Colegio de Abogados”, remarcaron en la misiva enviada a la gobernadora. Destacaron que estas medidas resultaran la base necesaria para fortalecer el sistema institucional de Santa Cruz, y las bases del diálogo y consenso social. En la misma nota el Diputado Gardonio además solicito la urgente convocatoria a paritarias a todos los gremios y la normalización de la Caja de Servicios Sociales, intervenida hace mas de 20 años. “Si se busca establecer un dialogo para llegar a un acuerdo social es fundamental cumplir las normas, e incluir a los trabajadores.” Además Gardonio recordó que en virtud de la posición de apertura al dialogo de este Bloque de Diputados, se concurrió en dos oportunidades a una reunión con el Ejecutivo Provincial, la primera de ellas el 23/02/16 de la cual no se obtuvo mayores definiciones por parte del Ejecutivo Provincial y la segunda de ellas el 15/09/16 con la participación del viceministro del Interior Sebastián García de Luca; el vicegobernador de la provincia, Pablo González, los diputados nacionales Eduardo Costa y Mauricio Gómez Bull, los presidentes de los bloques parlamentarios provinciales, Matías Mazú por el FVS y Daniel Gardonio por Unión para Vivir Mejor y en su condición de presidente del PRO en Santa Cruz, el intendente de Puerto San Julián Antonio Tomasso. En esta última oportunidad se pactó una agenda de trabajo que no fue cumplida por el Frente para la Victoria quien se negó a su tratamiento parlamentario.

Las presunciones acerca de que pudiera encontrarse en Santa Cruz la joven porteña desaparecida en 2011, no tuvieron ayer más aporte que los dos mensajes de pedido de auxilio que se hallaron en los baños de las estaciones de servicio de Garayalde el lunes y de Cañadón Seco el martes, los que motorizaron investigaciones de policías de Chubut y Santa Cruz, con la intervención de la justicia federal. La nueva causa relacionada con otro capítulo del caso que volvió a cobrar repercusión nacional luego de que fuera difundida por El Patagónico, se encuentra bajo la responsabilidad de Fabricio Sachi, a cargo de la fiscalía del Juzgado Federal de Caleta Olivia. Al ser consultado a media mañana por este diario, el representante del ministerio público dijo que aguardaba recibir informes de las investigaciones policiales en lo que hace a peritajes caligráficos de ambos mensajes escritos con fibrón negro, como así también de los registros de cámaras de video instaladas en la estación se servicio YPF de Cañadón Seco y de otros sucesos que pudieran haber sido detectados a posteriori. Sachi admitió que aún no había tomado contacto telefónico con familiares de la joven que se encuentra en un listado nacional de búsqueda de personas y que hasta ese momento (aproximadamente las 10) no podía aportar más datos de los que ya había difundido este diario. HERMETISMO POLICIAL En tanto, el hermetismo policial sobre las investigaciones se hizo ayer muy estricto y las fuentes consultadas dijeron carecer de novedades, entre ellas el propio jefe de la Unidad Regional Zona Norte de Santa Cruz, Omar Segovia, recientemente ascendido a comisario general. A su vez el jefe de la comisaría de Cañadón Seco, Adrián Lobos, se mostró molesto por la difusión periodística de los mensajes que aparecieron en los baños, en tanto que un oficial no identificado de la Comisaria Primera de Las Heras dijo lacónicamente que “aquí ese caso no existe”. Por otro lado, trascendió que la juez federal de Comodoro Rivadavia, Eva Parcio (que se encuentra subrogando a su par de Caleta Olivia, Marta Yáñez), no habría sido informada de manera inmediata por la Brigada de Investigaciones de la ciudad chubutense cuando se descubrió el primer mensaje en Garayalde y, por el contrario, la novedad se habría transmitido inicialmente a comisarías del norte santacruceño. En ese contexto se habrían producido algunas dilaciones con la consiguiente pérdida de tiempo para instrumentar fuertes controles camineros ante la posibilidad de que la persona buscada estuviera siendo llevada hacia Las Heras contra su voluntad, de acuerdo al mensaje que dejara el lunes en Garayalde. Luego, el caso cobró mayor fuerza cuando se detectó en la mañana del martes el segundo mensaje en Cañadón Seco y a partir de ese momento trascendió hacia el periodismo. ¿Y EL AUTOMOVIL? Por otro lado, se supo que cuerpo especial de la policía santacruceña perteneciente a la División de Investigaciones (DDI) estaría realizando averiguaciones por separado, teniendo en cuenta además que en el mensaje dejado en Garayalde aparece la patente de un auto (DEN 232) que no se corresponde con el Renaul Sandero de color blanco en el que dijo estar siendo llevaba forzosamente la supuesta víctima que se identificó como la joven desaparecida. Vale señalar que este mismo diario se ocupó de registrar que ese dominio le corresponde a un Fiat Uno que fuera robado tiempo atrás en el distrito bonaerense de San Isidro. Según voceros de la DDI, hasta avanzada la tarde de ayer no se había ubicado en localidades de la zona norte a ningún rodado que llevara esa patente, pero no se precisó si realmente hubo controles en rutas de acceso en horas clave de la búsqueda. Fuente: El Patagònico

En el marco de la causa Los Sauces SA, inmobiliaria de los Kirchner investigada por enriquecimiento ilícito y falsificación de documentos públicos, el juez Claudio Bonadio ordenó allanar la inmobiliaria de Osvaldo Sanfelice (ex socio de Máximo Kirchner) en busca de documentación de las empresas Idea SA -que administra tres hoteles de la ex Presidenta- y de Negocios Patagónicos SA, responsable de comprar y vender el chalet donde vive Cristina Kirchner. Las firmas tienen reportes de operaciones sospechosas y la Unidad de Investigación Financiera analiza si se trata de maniobras de lavado de activos. En medio de la feria judicial y buscando avanzar con la investigación, el juez Bonadio ordenó que se allane el domicilio “Avenida Presidente Néstor Kirchner 496”. Se trata de la inmobiliaria de la que fue socio Máximo Kirchner y donde se administran las propiedades de la ex familia presidencial. Allí además, tiene declarado su domicilio fiscal Romina Mercado (sobrina de Cristina Kirchner). También Hotesur SA, empresa familiar investigada por lavado de dinero. Se sospecha que es el domicilio fiscal de la empresa que gerencia tres hoteles de Cristina Kirchner: La Aldea, Las Dunas y Alto Calafate. En la orden de allanamiento, el Magistrado pidió expresamente que se secuestre toda documentación de Negocios Patagónicos y de Idea SA: libros de inventarios y balances, los libros diarios general, los libros de ingresos y egresos y/o caja y/o bancos, los libros de IVA compras, los libros de Registro de Accionistas, de depósitos de acciones, de asistencia de accionistas y de asamblea general y otros libros auxiliares. También requirió los libros de AFIP, ganancias sociedades, retenciones realizadas, pagos, declaraciones juradas, balances generales de ambas firmas, títulos de dominio de propiedad. El operativo que incluye también el domicilio Maipú 225 -sede fiscal de NAPA-, se realiza con el personal de la Policía Federal delegación de Río Gallegos. ¿Cuáles son los vínculos de NAPA e Idea SA con Los Sauces SA? La primera empresa compró en $ 200.000 el chalet donde descansa Cristina Kirchner cada vez que está en Río Gallegos. Después se la vendió en U$S 250.000 a la inmobiliaria de la ex Presidenta. Pero la tasación de la casa indicó que su valor real es de más de U$S 520.000. Por su lado, Idea gerencia el hotel La Aldea de El Chaltén que le pertenece a la firma investigada por Bonadio. A continuación informe

La jueza federal y madre de las dos hijas del fallecido fiscal criticó que no avance la denuncia contra Cristina Kirchner por supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA. Sandra Arroyo Salgado, la jueza federal de San Isidro y madre de las dos hijas del fallecido fiscal Alberto Nisman, afirmó que no entiende “por qué hay una postura tan terminante en no investigar” la denuncia que hizo el titular de la UFI-AMIA contra la ex presidenta Cristina Fernández por el presunto a encubrimiento a Irán en el atentado a la mutual judía que en 1994 mató a 85 personas. “El lunes 5 de diciembre hubiera sido el cumpleaños del papá de mis hijas. Lo que antes era un festejo ahora es un momento muy difícil de transitar, ante cada noticia que implica que aquello por lo que él volvió y que era su trabajo no es investigado ni llevado adelante”, dijo. Y añadió: “No entendemos por qué hay una postura tan terminante en no investigar, en no darle una posibilidad a la denuncia que él hizo”. Arroyo Salgado fue entrevistada por un movilero del programa Desayuno Americano, de América TV. La Cámara Federal de Casación Penal fijó para el 19 de diciembre próximo una audiencia en donde se analizará si se hace lugar al pedido de la querella DAIA para que se investigue la denuncia de Nisman contra la ex presidenta, funcionarios y allegados. Nisman los acusó de haber encubierto a Irán a través de la firma del Memorándum con ese país, que -a su criterio- buscaba darle impunidad a los imputados prófugos de haber llevado adelante el atentado. Cuatro días después, el 18 de enero de 2015, Nisman fue hallado en el baño de su departamento muerto con un tiro en la cabeza, caso que aún no fue esclarecido por la Justicia. De todas maneras, el fiscal Eduardo Taiano decidió hace una semana imputar a la ex fiscal del caso Viviana Fein, al ex secretario de Seguridad Sergio Berni, al juez Manuel De Campos y al ex jefe de la Policía Federal Román Di Santo por la eventual destrucción de pruebas en el departamento, luego de ser encontrado el cadáver. Arroyo Salgado destacó que avanza “la investigación de la diputada (Elisa) Carrió de la zona liberada de los días en que se sucedió la muerte de Nisman”, pero “lamentablemente no hubo otros avances concretos en la investigación” sobre lo que la querella considera que fue un asesinato. “Aquello por lo que él volvió de sus vacaciones, que era su trabajo, no es investigado. No es llevado adelante. No entendemos por qué hay una postura tan terminante en no investigar la denuncia que él hizo”, aseguró la jueza y ex esposa del fiscal fallecido. Fuente: Clarin

Respecto al echo que ocurrio en la localidad de Puerto Santa Cruz conmovió a la fuerza, y que arrojó como resultado el deceso de un efectico como el Cabo 1ro. de Policía Juan Ortiz, y una importante herida sobre la persona del Cabo de Policía Cano Enzo, ambos prestación de servicios en la comisaria Distrito Puerto Santa Cruz. Estas circunstancias fueron producto del disparo de un arma de fuego calibre 9 mm. Luego de haber realizado el trabajo judicial y técnico necesario en la escena del hecho, la investigación se encaminó a establecer las causas que rodearon el mismo y que motivaron este fatal desenlace. Producto de la declaración recibida al tercer ocupante del vehículo, en una primera instancia, todo apunta a una indebida manipulación del armamento provisto por parte de Ortiz, y debido a esto, se produce el disparo que finalmente hiere a su compañero, en momentos en que se encontraban franco de servicio, en el interior de un vehículo particular. Si bien la institución a la que el le brindó su tiempo y esfuerzo, hizo todo lo que estuvo a su alcance para capacitarlo y dotarlo de conocimiento en el uso de su armamento reglamentario, también realizó los exámenes de aptitud psicológicos necesario para la portación del mismo, el cual fue su herramienta de trabajo, pero no se pudo evitar tan lamentable suceso. El cuerpo de Ortiz fue traslado a Río Gallegos a los fines de la autopsia ordenada por la juez de instrucción en lo criminal y correccional de la localidad de Puerto Santa Cruz, Dra. Noelia Urzino. Esta se llevó adelante en horas de la tarde y arrojando como resultado de la muerte “Shock hipovolémico por disparo de arma de fuego”; mayor dato es materia de investigación y secreto sumarial.- Por otra parte el estado de Salud del Cabo Cano, también derivado a esta ciudad, aún tiene pronóstico reservado. También se realiza un importante trabajo de contención en materia de Psicológica a familiares y compañeros de la comisaria por parte del Gabinete Social Zona Centro y División Servicio Social de esta capital, buscando superar entre todos la difícil situación acaecida. La muerte de un suboficial que tenía un gran futuro por delante y con un vasto camino por recorrer, es siempre es un suceso muy lamentable, que enluta nuestra querida Policía de Santa Cruz