La medida, que data del 30 de diciembre de 2025, establece aumentos significativos para los Dres. Basanta, Mercau, Fernández y Ludueña, así como para el resto de los magistrados y funcionarios del poder judicial.
Detalles del Aumento y sus Implicaciones
Según se informa, este incremento salarial busca elevar los sueldos de los mencionados funcionarios en un rango del 46% al 50%. Lo que ha generado mayor controversia es que, tras esta actualización, los salarios de estos vocales superarían incluso la remuneración percibida por el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Este hecho ha sido calificado por el bloque «Por Santa Cruz» como un repudio enérgico, argumentando una desproporción y un posible desajuste en la escala salarial de los poderes públicos.
El bloque legislativo considera que una decisión de tal magnitud, que impacta directamente en las finanzas públicas y en la percepción ciudadana sobre la justicia y sus representantes, debió haber sido objeto de un debate más amplio y transparente. La forma y el momento en que se aprobó este aumento, a pocos días de finalizar el año 2025, también han sido puntos de crítica, sugiriendo una posible maniobra para evitar un escrutinio público más exhaustivo.
Postura del Bloque «Por Santa Cruz»
En un comunicado oficial, los diputados del bloque «Por Santa Cruz» han expresado su más firme oposición, calificando el acto como un incremento salarial indebido. Señalan que, en un contexto económico que requiere prudencia y responsabilidad en el gasto público, decisiones como esta generan un malestar social considerable y erosionan la confianza en las instituciones. La brecha salarial que se genera, al superar incluso al máximo referente del poder judicial a nivel nacional, es vista como un síntoma de un manejo discrecional de los recursos y una falta de consideración hacia la realidad económica general del país y de la provincia.
Los representantes del pueblo entienden que los salarios del poder judicial deben ser justos y acordes a sus responsabilidades, pero también deben guardar una relación equitativa con otros estamentos del Estado y con la capacidad económica de la sociedad. El bloque ha solicitado mayor transparencia en la gestión de los recursos judiciales y ha instado a una revisión de los criterios utilizados para la determinación de estas remuneraciones, buscando un equilibrio que refleje las prioridades y la realidad de Santa Cruz.
Contexto y Posibles Consecuencias
Este tipo de decisiones salariales en el sector público a menudo generan un debate nacional sobre la equidad y la sostenibilidad fiscal. La reacción del bloque «Por Santa Cruz» pone de manifiesto la tensión existente entre las necesidades presupuestarias y las demandas salariales de los altos funcionarios. La repercusión de esta noticia podría influir en futuras discusiones sobre la política salarial del sector público en la provincia y sentar un precedente sobre la importancia de la rendición de cuentas y la justificación pública de aumentos significativos.
La ciudadanía espera que las instituciones actúen con responsabilidad y que las decisiones que implican el uso de fondos públicos sean siempre defendibles y transparentes. El repudio expresado por los diputados busca precisamente abrir este debate y exigir una mayor claridad en la administración de los recursos del Tribunal Superior de Justicia.
