La «madre de todas las batallas» legales por YPF, que se desarrolla en los estrados neoyorquinos, ha generado una enorme preocupación en Argentina. La sentencia, que condena a nuestro país a pagar una cifra estratosférica –se habla de entre 16.000 y 18.000 millones de dólares– al fondo Burford Capital por la forma en que se expropió la compañía en 2012, es un tema recurrente en la agenda económica y política. Ahora, Vidal, Cornejo y Torres, representando a provincias con intereses directos en el sector energético, buscan dar un golpe de timón con una jugada audaz.
La iniciativa se centra en el Grupo Petersen, los anteriores accionistas de YPF antes de la expropiación. La estrategia penal en suelo estadounidense buscaría abrir una investigación sobre presuntas irregularidades o maniobras que, según los gobernadores, podrían invalidar o, al menos, cuestionar seriamente la base de la demanda de Burford. Esta acción no es menor; implica llevar el foco desde lo civil hacia lo criminal, un terreno mucho más pantanoso para los demandantes originales y sus abogados.
El trasfondo de una decisión clave para el futuro de Argentina
La expropiación de YPF fue una medida emblemática del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, justificada entonces como un paso crucial para recuperar la soberanía energética. Sin embargo, las derivaciones judiciales en el exterior han sido un dolor de cabeza constante para las sucesivas administraciones. Burford Capital, conocido por su especialización en financiar litigios, adquirió los derechos de litigio de las empresas españolas Petersen Energía y Petersen Energía Inversora, accionistas minoritarios de YPF que se consideraron perjudicados por la forma en que se llevó a cabo la nacionalización.
La decisión de los tres gobernadores no es aislada. Refleja una preocupación creciente y transversal en el arco político argentino por la magnitud de la condena y el impacto que tendría un eventual desembolso en la ya maltrecha economía nacional. Actores de diversas fuerzas políticas han expresado la necesidad de encontrar vías alternativas para defender los intereses del Estado argentino. La «ofensiva penal» en Estados Unidos se presenta como una de esas alternativas, buscando no solo retrasar sino, idealmente, anular el fallo adverso.
¿Qué buscan Vidal, Cornejo y Torres con esta jugada?
Los gobernadores buscan demostrar que la adquisición de las acciones de YPF por parte del Grupo Petersen podría haber estado viciada de origen o que hubo irregularidades en la gestión y financiación que podrían ser relevantes para el caso. Si logran que los tribunales estadounidenses abran una investigación penal, el escenario para Burford Capital y para el propio Grupo Petersen cambiaría drásticamente. Esto podría generar una presión suficiente para renegociar las condiciones del pago o, en el mejor de los casos para Argentina, desestimar la demanda.
La movida de los gobernadores es vista como un intento de utilizar todos los recursos legales disponibles para proteger el patrimonio argentino. Es un mensaje claro: Argentina no se quedará de brazos cruzados frente a una condena que muchos consideran injusta y desproporcionada. La unidad de acción entre Vidal (Santa Cruz), Cornejo (Mendoza) y Torres (Chubut) también envía una señal política fuerte sobre la voluntad de trabajar en conjunto más allá de las diferencias partidarias cuando los intereses nacionales están en juego.
