A comienzos de esta semana, Grasso había anunciado que los trabajos de conversión de la autovía en una moderna avenida comenzarían en los próximos meses. Incluso mencionó que se había realizado una audiencia pública meses atrás para abordar el tema. La secretaria de Obras Públicas, María Grasso, respaldó el anuncio afirmando que el objetivo del plan era mejorar la transitabilidad y brindar una solución urbana integral.
Sin embargo, a pocas horas del anuncio, Pablo Croppi, jefe del Distrito 23 de la DNV, correspondiente a Santa Cruz, envió una notificación formal advirtiendo que la autovía aún está bajo jurisdicción nacional.
Según el documento, el tramo comprendido entre los kilómetros 2604,63 y 2609,65 sigue siendo propiedad del Estado Nacional, y el traspaso al municipio o a la provincia de Santa Cruz aún no se ha concretado.
Advertencia legal
El escrito de Vialidad Nacional fue categórico: “Se intima al Municipio de Río Gallegos a abstenerse de realizar cualquier tipo de acto de modificación sobre dicha traza, bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales correspondientes“. Esta notificación, fechada el 19 de diciembre, recalca que no hubo diálogo previo entre Vialidad y el municipio sobre este proyecto.
