Durante estas instancias, se abordaron cuestiones críticas vinculadas a los aspectos administrativos y pedagógicos de la institución, destacándose la falta de validez nacional de las tecnicaturas ofrecidas, conforme a la Resolución Nº 3.277/23 – CPE, modificada por Resolución Nº 4056/23-CPE.
Se verificó en consulta con la Dirección General de Registro de Títulos, Certificaciones y Equivalencias, que las únicas tecnicaturas con validez nacional reconocidas para esta institución son:
– Tecnicatura en Equipos e Instalaciones Electromecánicas.
– Tecnicatura en Informática Profesional y Personal.
Por lo tanto, se notificó formalmente al Apoderado Legal, en su carácter de máxima autoridad, y al equipo de gestión de la institución que “no deberán matricularse estudiantes” en otras tecnicaturas, ya que las mismas no cuentan con la aprobación necesaria para la certificación correspondiente.
Asimismo, se solicitó con carácter urgente la regularización de la organización del ciclo básico de los alumnos que actualmente cursan 1º y 2º año. Se identificaron graves irregularidades en los boletines de calificaciones, los cuales no reflejan el cumplimiento de lo establecido en la Resolución Nº 2.580/17 – CPE, particularmente en lo que refiere a la ausencia de talleres obligatorios. Además, se constató la inclusión indebida del nombre de tecnicaturas en los boletines de estos años, lo cual contradice la normativa, dado que la orientación técnica corresponde al ciclo superior técnico, que inicia en 3º año. Estas acciones generan confusión y desinformación entre estudiantes y familias, afectando el desarrollo educativo de la comunidad.
En lo que respecta a la matrícula, se confirmó que en el séptimo grado del Nivel Primario la institución cuenta con 40 estudiantes. Sin embargo, se verificó que las autoridades realizaron preinscripciones para nuevas carreras sin haber regularizado previamente la oferta educativa y sin contar con la autorización expresa del Consejo Provincial de Educación, tal como establece el Acuerdo Nº 185/97 – CPE. Estas acciones no sólo transgreden la normativa vigente, sino que también afectan de manera directa a los estudiantes, al ofrecer carreras previamente informadas como no válidas.
El Consejo Provincial de Educación enfatiza que todas las intervenciones realizadas hasta la fecha tienen como objetivo central garantizar una educación técnica de calidad y ajustada a la normativa vigente para los estudiantes del Centro de Formación Secundaria “Monseñor Alejandro Buccolini”.
Rechazamos de manera categórica la actitud adoptada por el equipo directivo de la institución, quienes han omitido adoptar medidas en tiempo y forma convocando a las familias sin brindarles información veraz, generando confusión y vulnerando los derechos educativos de los alumnos.
Por último, la Cartera Educativa reiteró su compromiso con la transparencia y la calidad educativa en todos los niveles y modalidades del sistema educativo provincia
