El gobernador de la provincia de Santa Cruz, Claudio Vidal, acompañado por los ministros de Producción, Gustavo Martínez y de Trabajo, Julio Gutiérrez; recibió a integrantes de la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP) y de la Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina (CAPeCA) y Asociaciones de Estibadores. A ellos se sumó, la directora de la Unidad Ejecutora Portuaria de Santa Cruz (UN.E.PO.S.C.), Selsa Hernández.
Durante la reunión, los referentes de los distintos sectores plantearon la extrema preocupación que se generó en los últimos días por la baja en la operatividad del puerto de Puerto Deseado, dado que el mismo representa una importante fuente de trabajo e ingresos para la localidad y la provincia. Además manifestaron la imperiosa necesidad de que las autoridades tomen cartas en el asunto porque consideran avasallante la conducta puesta de manifiesto por un grupo minúsculo de estibadores comandados por Alejandro Blatt, al cual señalan como el responsable de las irregularidades que se generaron por estos días como por ejemplo, el incremento de los costos operativos.
“Los armadores no pueden bajar los barcos por el aumento de precio de la estiba. Además se registraron robos y hubo ciertas medidas extorsivas que lo único que hacen es entorpecer el trabajo y el funcionamiento de un lugar que representa ingresos y sustento para muchas familias”, detallaron.
En la charla con las autoridades provinciales, también comentaron que actualmente el puerto de Deseado no puede competir con el puerto de Madryn, principalmente por los costos y porque en el mismo se demoran como seis días para bajar las cargas, mientras que en el otro se hace en un día y medio. “Es muy difícil sostener esta situación sobre todo por cuando se ve la cantidad de barcos que llegan a un puerto y no al nuestro. Este grupo de gente que mal obra en el puerto no se da cuenta del daño y perjuicio que genera a la producción y a la gente que vive de la misma”, enfatizaron.
Finalmente, solicitaron el cese de este accionar que lo único que hace es entorpecer y ocasionar daños en un lugar que representa trabajo e ingresos para cientos de familias.
