Los vocales que representan a los afiliados en el Directorio de la obra social provincial, Betty Constantino (pasivos) y Hugo Jerez (activos), difundieron que “vienen solicitando en las reuniones periódicas de directorio que se defina la realización de una auditoría que, además de determinar la deuda de los municipios y comisiones de fomento, permita conocer la situación económico financiera real de la Caja”.
“Junto a Betty planteamos este tema desde el inicio de nuestro mandato, el año pasado. En principio los representantes del Poder Ejecutivo en el directorio dijeron que estaban de acuerdo, pero en las últimas reuniones manifestaron que no hay necesidad y que debe utilizarse el sistema propio de la Caja”, explicó Jerez.
El vocal por los afiliados activos argumentó que “tanto la Caja de Servicios Sociales como la de Previsión ya realizaron una serie de trabajos que dieron buenos resultados”. “Fueron encargados a la Universidad Nacional de Tres de Febrero y, siguiendo esa lógica, se podría dar continuidad a esa línea de trabajo y encargar la auditoría”, reveló.
“Esta auditoría podría determinar las deudas históricas que los municipios y comisiones de fomento mantienen con la Caja hace tres décadas, a los valores actuales y reales del presente. También podría determinar la deuda que la obra social mantiene con terceros. Todo esto permitiría conocer la verdadera situación económico-financiera de nuestra obra social”, concluyó.
LOS VOCALES TAMBIÉN HABLARON DEL CASO DE ‘SOLCITO’
Constantino y Jerez expresaron que “celebran que el gobierno provincial haya finalmente dado respuesta al tratamiento que hace más de un año reclamaban los padres de Sol Suarez”, la niña de Río Gallegos que padece acondroplasia.
Recordaron que, en abril, ambos se presentaron ante el Tribunal Superior de Justicia para adherirse al ‘amicus curiae’ presentado por la Asociación Civil Acondroplasia Aconar–Acondroplasia Argentina. En tanto que, a inicios de año, habían enviado una nota al Presidente del directorio de la obra social en el que expresaban “desde esta vocalía solicitamos, se arbitren los medios necesarios para que a corto plazo se le pueda brindar las prestaciones que Sol necesita, por lo que solicitamos que la Caja de Servicios Sociales se retire como querellante del caso y trabaje en forma mancomunada con otros entes provinciales que tengan injerencia en este tema”.
Sin embargo, Constantino y Jerez hicieron foco en un punto del Convenio que firmaron la familia de Sol y el gobierno provincial, apuntando su crítica hacia el Ejecutivo. Lo explican así: “en el convenio firmado entre el gobierno y la familia de Sol a fin de que reciba su medicación, la Caja de Servicios Sociales aduce que no cuenta con fondos para esa erogación de alto costo, basándose en el argumentando del equilibrio financiero de la Caja como sistema solidario”.
“Lo cierto es que nuestra obra social sigue funcionando sin una verdadera autarquía, tal como lo determina la nueva Ley de Normalización, porque sigue dependiendo de los envíos del Poder Ejecutivo”, cuestionaron. “En ello, el gobierno provincial y los municipios tienen cada cual su cuota de responsabilidad. Una auditoría realizada de manera externa permitiría conocer un diagnóstico real de esta situación, que debe ser ordenada”, finalizaron.
