Además solicitaron al Ministerio de Economía, al IDUV y a la Municipio de Río Gallegos, los expedientes faltantes referidos a las principales obras públicas que se están desarrollando en la capital santacruceña.
El concejal de la CC –ARI, prof. Pedro Muñoz, junto a sus pares abog. Daniela D’Amico y prof. Leonardo Roquel (bloque UCR) solicitaron formalmente -en el marco de los Artículos 7° y 12° de la Ley 3540- el acceso a información pública referida a la obra llevada adelante en la actual gestión municipal, en su mayoría en convenio con el IDUV.
En tal sentido, los ediles realizaron las presentaciones requiriendo al Municipio y al IDUV, acceso a los expedientes referidos a las 20 obras públicas más importantes de la ciudad, licitadas a partir del año 2021, siendo que dicha documentación que no está presente en la rendición de gastos elevada al HCD. Asimismo se solicitó, tanto a la intendencia como a la Subsecretaría de Contrataciones de la Provincia dependiente del Ministerio de Economía, la documentación obrante en los legajos del Registro de Proveedores (inscripción inicial/ renovación anual) de las empresas intervinientes.
De igual forma, se requirió formalmente tanto al intendente Grasso, como al Gobierno Provincial, proceda a la inhabilitación como proveedora de prestaciones de servicios en el rubro de construcción con capacidad de obra en ingeniería y/arquitectura de la empresa Carrizo Stella Maris, que fuera renovada para el año 2022, por cuanto dicha firma se encuentra en concurso de acreedores, conforme surge del expediente N° 8069/21 del Juzgado de Primera Instancia en lo civil y Comercial de Río Gallegos, siendo éste un impedimento tanto en el municipio como en provincia para ser prestadora conforme lo determina la reglamentación vigente.
Vale destacar que pese a dicha situación se procedió a la renovación del permiso, por lo que se notifica fehacientemente a ambos gobiernos de la irregularidad cometida, con la responsabilidad que ello acarrea. “A pesar de tener conocimiento de la situación, que a esta altura ya es pública, dada la difusión que ha tenido el tema, tanto el municipio como el gobierno provincial le concedieron irregularmente en este año, la renovación de la inscripción como proveedora a la empresa Carrizo Stella Maris, incumpliendo lo determinado por los decretos municipales y provinciales que impiden a una empresa en concurso de acreedores, ser prestadora del estado”, señaló el concejal Muñoz.
“Se le sigue otorgando obra pública, como por ejemplo la licitación privada N° 09/IDUV/2022 sobre la Renovación Integral- nueva alcaidía en Güer Aike, por $23.977.901,07, por lo que cabría la figura de administración fraudulenta en favor de un tercero “, advirtió.
“Es evidente que la obra pública lamentablemente continúa siendo claramente direccionada a empresas de esta naturaleza, que están amparadas por el poder político, que hace la vista gorda ante declaraciones juradas que nada tienen que ver ni con los balances de las empresas, ni con la verdadera capacidad de obras de las mismas, ni las condiciones legales siquiera para inscribirse, y que, por esa vinculación política, acceden a la mayor cantidad de obras, muchas de las cuales tienen redeterminaciones de precios, con el submundo de la tercerización de por medio. Sin ningún esfuerzo y sólo por el hecho de estar con el poder de turno, ganan dinero y construyen capital sin arriesgar, ni invertir absolutamente nada”, concluyó.
