La designación de Fernando Basanta en el Tribunal Superior es en principio ilegal por cuanto no reúne los requisitos legales de antigüedad en el ejercicio de la abogacía, que exige la Constitución Provincial. Sin embargo la oposición que presentamos desde el Frente de Izquierda tiene un contenido mucho más político que formal o leguleyo.
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Es evidente que el Dr. Basanta no es propuesto por la profundidad de sus conocimientos jurídicos sino por ser una persona de confianza del actual Poder Ejecutivo. Se trata de un reaseguro frente a los futuros conflictos sociales que nos depara inevitablemente la aplicación de los planes del FMI y colateralmente de una protección adicional ante eventuales causas de corrupción.
Basanta ha sido Ministro de Gobierno y como tal responsable de brutales represiones como la que le costó un ojo a un compañero municipal en 2016 cuando se luchaba contra el endeudamiento de la provincia o la que se desató para imponer el pacto fiscal firmado con Macri tiempo después y en la cual una dirigente docente sufrió graves heridas en su pierna. No olvidamos tampoco las muertes en comisarías como el caso Gerez en Caleta Olivia. Basanta ha sido partícipe de la persecución judicial contra los jubilados que protestaban para cobrar sus sueldos y de la causa que continúa abierta contra varios docentes y estatales por la movilización frente a la casa de la gobernadora en 2017. Con estos antecedentes resulta muy clara su posición antiobrera, represiva y criminalizadora de las protestas.
El Kirchnerismo intenta consolidar un sistema de Justicia domesticado por completo a sus designios, que data desde 1995 cuando el entonces Gobernador Néstor Kirchner, en sintonía con la ampliación de la Corte Menemista, aumentó la cantidad de Vocales del Tribunal y despidió al Procurador Sosa. Nunca más avanzó una causa de corrupción en la Justicia provincial y ante cada lucha social los trabajadores más activos han sido reprimidos y judicializados para aplicar las políticas de ajuste y entrega de los recursos naturales a las multinacionales.
Paradojalmente se desarrolla una polémica nacional sobre el papel de una justicia manipulada por los grupos empresarios, los gobiernos o la embajada norteamericana. Es el grupo Kirchnerista el que denuncia a nivel nacional lo mismo que realiza sin tapujos en la provincia donde tiene (por ahora) el control de la situación política y judicial.
La descomposición del sistema judicial no es un tema de un solo partido o de una de las vertientes de la “grieta”. La manipulación de la justicia y la corrupción son patrimonio común del macrismo y del kirchnerismo. La impunidad de sus funcionarios y la criminalización de las protestas sociales son prioridad para los dos bandos que gobiernan y han gobernado el país.
Pretenden un Tribunal al servicio del ajuste, la persecución, la represión y la impunidad.
Desde el Frente de Izquierda planteamos la elegibilidad y revocabilidad por voto popular de los jueces y rechazamos esta designación ilegal y antiobrera
FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES – UNIDAD
Partido Obrero – MST – Izquierda Socialista – PTS
