Es en base a una iniciativa presentada por el Diputado Eloy Echazú junto a asociaciones civiles. Asume a la persona con discapacidad como sujeto de derechos, dejando atrás la mirada paternalista o de cuidados. Se viene trabajando con ONG’s de toda la Provincia, que realizaron aportes a lo que será la nueva norma.
Este lunes, diputadas y diputados que integran la Comisión de Desarrollo Social, Salud, Derechos Humanos y Deportes de la Legislatura Provincial, se reunieron de manera extraordinaria con referentes de distintas asociaciones civiles y responsables de áreas del Poder Ejecutivo y de municipios, a los efectos de avanzar en los aspectos que serán parte central de la nueva Ley de Discapacidad de Santa Cruz, a partir de una iniciativa presentada por las propias organizaciones, y canalizada por el diputado Eloy Echazú.
En ese marco, se expusieron las principales modificaciones propuestas a la legislación actual – Ley 1662 del año 1984 – y mientras a nivel nacional se está llevando adelante una Consulta Federal dividida en regiones con metodología de foros participativos.
De esta manera, Santa Cruz está avanzando en contemplar aspectos centrales que giran en torno a nuevos paradigmas, entendiendo a la persona con discapacidad como sujeto de derecho, y ya no sólo de cuidados o desde una mirada paternalista, en la que únicamente se abarcaban aspectos médicos o de asistencia, y no su desarrollo integral en todos los ámbitos.
Es por ello que la nueva Ley contendrá aspectos como el acceso a la salud, educación, empleo, seguridad social, justicia, al entorno físico, transporte, cultura, recreación y deporte, información y comunicaciones, tanto en zonas urbanas como rurales “mediante los apoyos y ajustes razonables necesarios y pertinentes”, al tiempo que garantizará su abordaje desde la “participación y diálogo social, intersectorialidad, eliminación de todas las formas de discriminación, igualdad y equiparación de oportunidades, perspectiva de género, diseño y accesibilidad universal”, entre otros.
Además, se buscará garantizar prestaciones, certificaciones, accesibilidad en materia de infraestructura edilicia y de transporte; acompañamiento técnico y profesional, apoyo socio-económico, cobertura médica y de tratamientos, acceso a la Educación y a la Justicia, obligatoriedad de empleo con porcentajes mínimos en el Estado, beneficios a empleadores del sector privado que contraten a personas con discapacidad, reducción de jornada laboral para trabajador o trabajadora con personas con discapacidad a cargo, acceso a la vivienda, entre otros.
Las modificaciones propuestas al proyecto original, fueron impulsadas por las diputadas Laura Hindie y Rocío García – también con el aporte de las asociaciones – las que continuarán siendo analizadas en el marco de las comisiones de trabajo de la Legislatura Provincial.
De la reunión, participaron Agustín Cañete, subsecretario de Discapacidad y Pamela Painemil, directora Provincial de Discapacidad, Fausto Fuentes del Ministerio de Desarrollo Social; Diego De la Mata, de la Caja de Servicios Sociales; Guillermo Rodríguez, por la Universidad Nacional de la Patagonia Austral; Marcela Pacheco, del área de Certificación de Discapacidad, Silvia Bersanelli, docente; como así también funcionarios municipales y referentes de ONG’s de Caleta Olivia, Río Turbio, Puerto Deseado, Perito Moreno, Puerto Deseado, Río Turbio, 28 de Noviembre, Los Antiguos, Puerto San Julián y Río Gallegos.
Por la Legislatura Provincial, participaron las diputadas Rocío García, Laura Hindie, Karina Nieto y Nadia Ricci, junto a sus pares Eloy Echazú, Guillermo Bilardo, César Ormeño, Carlos Santi, Juan Manuel Miñones, Miguel Farías, Leonardo Paradis, Hernán Elorrieta, Gabriel Oliva, Daniel Roquel y Evaristo Ruiz.
