LEO ROQUEL PRESENTÓ UN PROYECTO DE ‘FICHA LIMPIA’ PARA QUIENES OCUPEN CARGOS PÚBLICOS EN EL ÁMBITO DE LA MUNICIPALIDAD DE RÍO GALLEGOS.
La iniciativa del concejal ya tomó estado parlamentario y será abordada en la sesión del próximo jueves 17 de marzo. Cuenta con el apoyo de los concejales del bloque de CAMBIA SANTA CRUZ y va en línea con el movimiento nacional que busca impedir que condenados por delitos penales ocupen cargos públicos.
“La sociedad nos reclama cambios profundos para garantizar mayor transparencia y mejorar el sistema democratico. Necesitamos trabajar en ese sentido y generar legitimidad desde los espacios públicos. Por eso creemos que esta propuesta de FICHA LIMPIA para cargos públicos municipales y del Concejo Deliverante es clave y vital para demostrar un compromiso con la comunidad”, remarcó Roquel.
Concretamente el concejal Roquel propone establecer a partir de aprobación de la nueva norma que “para la ocupación de los cargos públicos en el rango de secretarios/as, directores/as, jefes/as de departamento, jefes/as de división, asesor/a legal, juez/a de faltas, secretario/a general del Concejo Deliberante y secretarios/as privados/as; será requisito indispensable la presentación ante el Departamento Ejecutivo Municipal, de la documentación que a continuación se detalla: Certificado de antecedentes penales, libre deudor alimentario de la provincia de Santa Cruz, libre deudor fiscal de la Municipalidad de Río Gallegos y libre de infracción de la Comuna local”.
Roquel precisó en el proyecto que ademas “se establecerá que a partir de la promulgación de la Ordenanza será motivo de inhabilitación de la persona que desempeña el cargo público, el estar condenada en primera o segunda instancia en delitos dolosos graves, tales como los relacionados con hechos de corrupción o los cometidos contra la integridad sexual de las personas; en delitos contra la seguridad de la Nación; en delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional; en delitos de cohecho y tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, como ser el enriquecimiento ilícito y el encubrimiento; en delitos de fraude en perjuicio de la Administración Pública y contra el orden económico y financiero; en delitos de femicidio, violencia de género o abuso sexual en todas las modalidades previstas en el Código Penal de la Nación; y finalmente en todos aquellos delitos que se incorporen al Código Penal de la Nación por leyes especiales, en cumplimiento de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, la Convención Interamericana contra la corrupción o cualquier otra ratificada por la República Argentina en la materia”.
Finalmente, la iniciativa del concejal Leonardo Roquel establece que ” todas las personas que se encuentren ocupando los cargos mencionados, deberán ajustarse a la presente norma y en caso de detectarse alguna irregularidad, la misma será motivo de la inhabilitación inmediata de la ocupación del cargo que se ejerce”.
Roquel precisó en el proyecto que ademas “se establecerá que a partir de la promulgación de la Ordenanza será motivo de inhabilitación de la persona que desempeña el cargo público, el estar condenada en primera o segunda instancia en delitos dolosos graves, tales como los relacionados con hechos de corrupción o los cometidos contra la integridad sexual de las personas; en delitos contra la seguridad de la Nación; en delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional; en delitos de cohecho y tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, como ser el enriquecimiento ilícito y el encubrimiento; en delitos de fraude en perjuicio de la Administración Pública y contra el orden económico y financiero; en delitos de femicidio, violencia de género o abuso sexual en todas las modalidades previstas en el Código Penal de la Nación; y finalmente en todos aquellos delitos que se incorporen al Código Penal de la Nación por leyes especiales, en cumplimiento de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, la Convención Interamericana contra la corrupción o cualquier otra ratificada por la República Argentina en la materia”.
Finalmente, la iniciativa del concejal Leonardo Roquel establece que ” todas las personas que se encuentren ocupando los cargos mencionados, deberán ajustarse a la presente norma y en caso de detectarse alguna irregularidad, la misma será motivo de la inhabilitación inmediata de la ocupación del cargo que se ejerce”.
