Se hicieron eco del hecho de violencia “contra un adolescente de 17 años en Río Gallegos” y advirtieron: “es muy grave la falta de respuestas y de condena del Gobierno Provincial ante la acumulación de estos hechos de violencia institucional”.
El espacio político liderado por Gabriela Mestelán realizó un pronunciamiento en el que se hace eco de un hecho acontecido el fin de semana en la capital provincial. “En la mañana del domingo, un joven de 17 años fue brutalmente golpeado por policías de la Comisaría Primera de Río Gallegos, algunos de ellos vestidos de civil. Las imágenes hablan por sí solas y el relato de los familiares es elocuente”, señalaron en primer término.
EL HECHO DENUNCIADO
Allí detallaron que el joven “fue abordado por tres civiles que le pidieron sus documentos, a lo que el muchacho se negó, dado que los supuestos policías no estaban debidamente identificados, mientras culpaban al menor de edad de haber roto un vidrio de una camioneta. El menor negó la acusación y luego de ello, comenzaron a golpearlo en el suelo hasta que llegó un móvil policial, abordado por policías identificados quienes lo llevaron demorado a la Comisaría Primera, donde según la denuncia de su familia, lo tuvieron dos horas tirado en el piso lo meten al calabozo siendo el menor y también lo siguieron golpeando, fruto de lo cual le sacaron una muela”. El escrito de Encuentro Ciudadano tomó el relato de la propia familia, difundido a través de la prensa.
“Es muy serio que sigan repitiéndose estos hechos y es más grave aún que el gobierno provincial, en sus distintas esferas, no los condene de la manera en que debería hacerlo”, apuntaron desde el espacio político antes de repasar los antecedentes más inmediatos.
LOS ANTECEDENTES DE ABUSO POR PARTE DE LA POLICÍA PROVINCIAL
Así recordaron que “en junio, el bloque del Frente de Todos rechazó la aprobación de un pedido de informe al ministro de Seguridad, Lisandro De La Torre, por la enorme violencia policial ejercida contra el enfermero Sebastián Barrientos, quien fue detenido en un control de tránsito y luego agredido física y verbalmente cuando salía de prestar servicios en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Regional Río Gallegos”.
“No sólo el oficialismo cajoneó este pedido –plantea el pronunciamiento– sino que el gobierno, a través de la Dirección de Prensa, emitió un comunicado en el que aducía que el enfermero se había ‘autoagredido’ en el interior de la Comisaría Sexta. Cabe recordar que Sebastián Barrientos tuvo una fractura de vértebra, lo que le ocasionó serias dificultades para caminar en las semanas siguientes al hecho”.
En efecto, fue el diputado Gabriel Oliva quien expuso esta situación desde la banca de Encuentro Ciudadano, junto a otros diputados del bloque Nueva Santa Cruz.
‘ES PREOCUPANTE QUE EL GOBIERNO DE ALICIA KIRCHNER NO CONDENE NI PONGA LÍMITES A LA VIOLENCIA POLICIAL’
“Señora gobernadora, señor Ministro de Seguridad, señor Jefe de Policía, Secretaría de Derechos Humanos, esto tiene que parar. La Comisaría Sexta es el mismo lugar en que el joven Jorge ‘Javi’ Astorga había sido violentamente golpeado el 2 de mayo de 2020, por homofobia, hecho que recién pudo denunciar un mes después cuando empezaba a recuperarse anímica y físicamente. No es posible que ningún ciudadano, y mucho menos los enfermeros que salen de terapia intensiva, se enfrenten con la violencia policial apañada desde el Gobierno”, señalaron desde Encuentro Ciudadano hace seis meses atrás.
Incluso recordaron los episodios reiterados de violencia policial en 2020 y el más grave de todos que aún se investiga: la muerte del joven Rodrigo Curaqueo en el interior de la seccional 5° de Caleta Olivia.
‘NOS SOLIDARIZAMOS CON EL JOVEN Y SU FAMILIA’
Sobre el final del escrito, desde Encuentro Ciudadano reafirmaron una serie de conceptos “ante este nuevo caso de violencia institucional ocurrido el último domingo: repudiamos la violencia policial, decimos basta a la impunidad y al abuso de poder, y expresamos nuestra solidaridad y acompañamiento con este adolescente y su familia ante este hecho de inusitada crueldad”.
Y concluyen en dirección al gobierno provincial: “señora gobernadora, funcionarios del Poder Ejecutivo, su silencio y falta de respuestas claras, públicas y explícitas son hace mucho tiempo inadmisibles. Demandamos una respuesta”.
