Manifiesto de la Comisión por la Memoria de las Huelgas de 1920-1921 de Río Gallegos: reivindicamos a los trabajadores de la Patagonia rebelde, víctimas de una masacre impune nunca reparada. Denunciamos la hipocresía del discurso oficial, en manos de un gobierno que reprime y persigue trabajadoras y trabajadores
Desde nuestra Comisión independiente queremos rescatar la memoria de las huelgas patagónicas que ocurrieron en nuestras tierras del sur de Chile y Argentina entre los años 1919 y 1921. Buscamos reivindicar la lucha llevada adelante por los cientos de obreros que tuvieron la valentía de organizarse por sus derechos y enfrentar a las fuerzas represivas de ambos países, que los persiguieron por todo el territorio para llevar a cabo el sometimiento y posterior fusilamiento como forma de disciplinamiento al régimen político de ese momento.
Hacemos un pronunciamiento en esta fecha y trabajamos sobre la necesidad de rescatar la memoria de estos hechos por los cuales nunca se hizo justicia y permanecen impunes hasta el día de hoy, sosteniendo esta tarea con una mirada siempre atenta al presente y al futuro.
Mantenemos la independencia política ante el Estado y sus instituciones, sus gobiernos y oficinas de derechos humanos que solo hicieron de este crimen un acontecimiento histórico en los discursos, con homenajes ajenos a las reivindicaciones de las y los trabajadores de la Patagonia. Debemos recordar y denunciar que este año se llevó a cabo la demolición de la ex Comisaría de Puerto San Julián, lugar donde estuvo detenido ‘Facón’ Grande, donde hubo huelguistas prisioneros y donde también fueron detenidas las pupilas de ‘La Catalana’ tras echar a los soldados del Ejército al grito de “asesinos”, en febrero de 1922. A pesar de los esfuerzos de vecinos y vecinas de la localidad por preservar el edificio de enorme valor histórico, éste fue finalmente demolido por la congregación María Auxiliadora de la Iglesia Católica.
Los derechos humanos que supuestamente ostenta el Gobierno Provincial no existen cuando los trasladamos a la realidad actual, donde vemos que los derechos de los trabajadores y las trabajadoras son violentados constantemente por el mismo Estado nacional y provincial. Tal es así que no podemos olvidar que en mayo pasado se llevó adelante una represión contra los trabajadores y trabajadoras despedidas de la Municipalidad de Pico Truncado durante la noche, culminando en una verdadera razzia que duró varias horas por parte de la policía de la provincia.
Debemos subrayar que la vulneración de derechos se refleja en las familias que sufren la pobreza producto del desempleo y los bajos salarios; y la desocupación se disparó por los despidos en varios municipios de Santa Cruz y en empresas como YCRT. Las políticas asistencialistas no alcanzaron para cubrir tantas necesidades en materia de salud y educación.
El gobierno de Alicia Kirchner, a través de la Fiscalía de Estado, pone sobre las cabezas de luchadoras y luchadores de los sindicatos y de la izquierda, una causa penal y política sin pruebas ni sustentos, con el solo fin de generar un escarmiento social a los cientos de trabajadores que durante la noche del 21 de abril de 2017 reclamaban por el pago en tiempo y forma de sus salarios y una recomposición salarial en la residencia de la gobernación.
De la misma manera, el gobierno provincial armó una causa a medida contra los jubilados y jubiladas que reclamaron durante 2017 el pago de sus haberes, quienes permanecieron durante meses enteros en un acampe frente a la Caja de Previsión Social sin ser atendidos, recibiendo respuestas violentas por parte de su entonces titular Ariel Ivovich, quien agredió verbal y físicamente a jubiladas y otras mujeres. Además de violentarlos en sus derechos, el gobierno de Alicia Kirchner decidió demandar a un grupo de jubilados y jubiladas, por la cual les reclamó la suma de 320 mil pesos a pagar de sus propios bolsillos.
La memoria colectiva hace necesaria una mirada crítica sobre el pasado para comprender los hechos que llevaron a la masacre de 1500 trabajadores a principios de siglo XX, y poder reclamar justicia. Esto sería posible a partir de conocer los archivos de la época para ponerles a todos nombre y apellido, saber dónde está cada fosa común donde se encontrarían sus cuerpos y reclamar con ello una reparación histórica a la memoria de los huelguistas, de sus hijos y nietos; y por extensión a cada peón rural, trabajador y trabajadora que hoy se encuentra luchando contra la miseria social y política del Estado y sus gobiernos que pretenden seguir sosteniendo este régimen social que condenó en el pasado y lo sigue haciendo en la actualidad.
A 99 años de estos hechos que deberían ser investigados como un genocidio por parte del Estado Argentino y Chileno, y camino al centenario de estas huelgas, queremos reivindicar la memoria de los caídos por la libertad con homenajes que traigan de nuevo su espíritu de lucha y vivan por siempre en aquellos y aquellas que sostengan sus banderas por una vida digna, rompiendo las cadenas de la opresión, por la libertad.
Comisión por la Memoria de las Huelgas de 1920-1921 de Río Gallegos
