La igualdad de género se traduce en una sociedad más justa, motivo por el cual es necesario garantizar la participación de las mujeres en la política y especialmente en elaboración y discusión de la legislación.
La sanción de la llamada ley de cupo femenino por parte del Congreso de la Nación a comienzos de los ’90, constituyó un avance significativo que posibilitó el ingreso de mujeres al Palacio Legislativo. Sin embargo y más allá del logro que significó ese incremento de la representación femenina, los números señalados expusieron dos problemas que están íntimamente relacionados.
Por un lado, ponen en evidencia que todavía existe una subrepresentación de las mujeres en los cargos electivos que disminuye sensiblemente su peso y la fuerza de su voz en los debates generales y en aquellos que les conciernen directamente.
La segunda cuestión es que, con el paso del tiempo, ese cupo de un tercio terminó convirtiéndose en una suerte de techo para las mujeres.
Este proyecto plantea un compromiso de igualdad real de oportunidades entre mujeres y varones dejando de lado las estructuras de años de cultura patriarcal en los estamentos del estado, donde las mujeres puedan conseguir una mayor representación en la cámara de diputados, Poder del Estado mediante cual se establece el marco legal de la convivencia ciudadana.
En este sentido, la legisladora explicó que la iniciativa presentada contempla la sustitución de los artículos 6 y 9 de la ley 2052 y la incorporación del artículo 9 bis que garantiza el principio de participación y representación igualitaria.
La diputada Rocío García indicó que ésta Ley en particular, tiende a ser la piedra angular, la columna vertebral que va a posibilitar en el futuro, llegar a esa igualdad tan anhelada y agregó “el camino ya se ha iniciado y por ende los cambios cada vez serán más acelerados, sólo hay que respaldarse en el compromiso incesante de cumplir nuestros sueños hoy, para que mañana sean una realidad”.