En la ciudad de Buenos Aires, el Interventor de Y.C.R.T. Aníbal Fernández se reunió con los legisladores del Frente de Todos en Santa Cruz, la Senadora Ana Ianni y los Diputados Nacionales Paola Vesvessian, Juan Vázquez y Pablo González, a efectos de analizar los proyectos que se encuentran en ambas cámaras en relación a la figura jurídica de la empresa. También participó el Intendente de Río Gallegos Pablo Grasso para tratar diversos temas relacionados con proyectos para la ciudad y la posibilidad de urbanizar zonas de algunos terrenos pertenecientes a Y.C.R.T.
En el año 2015, la Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción al proyecto que volvía a crear la empresa sociedad del Estado Yacimientos Carboniferos Fiscales, de tal forma con 129 afirmativos cero negativos y una sola abstención, se creaban las condiciones para constituir una empresa integrada en cuanto a la producción de carbón y la generación de energía eléctrica.
El proyecto había sido elaborado como iniciativa del Poder Ejecutivo Nacional durante la presidencia de la Dra. Cristina Fernández de Kirchner y había sido trabajado con los diferentes sectores de la cuenca carbonífera. Con media sanción de Diputados el Proyecto, no pudo ser aprobado en Senadores en el mismo año, por cuanto la oposición en ese momento, actualmente Juntos por el Cambio, se negó a dar quórum.
Ante el cambio de gobierno y por iniciativa fundamentalmente de la Gobernadora Alicia Kirchner, se designó como nuevo Interventor a Aníbal Fernández que inmediatamente se puso a trabajar para recuperar una empresa que había sido objeto virtualmente abandonada por la gestión de Cambiemos, a pesar de los esfuerzos de toda la comunidad de la cuenca carbonífera y principalmente sus trabajadores. La idea es recuperar los proyectos que ingresaron al parlamento y volver a diseñar una empresa que tiene toda la potencialidad para producir carbón. Asimismo, generar energía para el crecimiento y el desarrollo del país, por cuanto los 240 MW exceden holgadamente el consumo de Santa Cruz.
La media sanción declaraba de interés nacional el desarrollo del recurso para la generación de energía, adecuaba el status jurídico de la empresa dentro del marco de la Ley 20.705 de Sociedades del Estado, transfería los activos, también el personal con la garantía de los derechos adquiridos como trabajadores, eximía de los tributos nacionales para la importación de bienes de capital y se garantizaban los fondos necesarios para asegurar las inversiones para la producción de carbón.
En cuanto al capital accionario, establecía tres tipos de acciones, que quedaban en propiedad del Estado Nacional, la Provincia de Santa Cruz y los trabajadores, con una administración colegiada.
En el caso de Río Gallegos, Pablo Grasso planteó la posibilidad de urbanizar terrenos pertenecientes a YCRT, recuperando lugares abandonados hace años y trabajar en conjunto para lograr un aprovechamiento integral por parte de la comunidad de aquellos bienes que pueden ser extremadamente útiles para mejorar la calidad de vida de los galleguenses.
Al finalizar la reunión, se acordó realizar las consultas pertinentes a todos los sectores políticos, sindicales y la comunidad de la cuenca carbonífera. Como así también, evaluar la mejor norma que definitivamente ponga en valor todo lo que se ha esforzado la comunidad de toda de Santa Cruz para poner en valor un recurso que le pertenece por imperio del Artículo 124 de la Constitución.
