Hoy se hace evidente que fue una medida desacertada y perjudicial para los trabajadores y las economías regionales, la pesificación de los contratos petroleros a raíz de la aplicación del Decreto de Necesidad y Urgencia 566/19 dictado por el presidente Mauricio Macri bajo la excusa de congelar el precios de los combustibles.
Esto ya lo había advertido el secretario general del Sindicato Petrolero y Gas Privado de Santa Cruz, Claudio Vidal, cuando esa normativa comenzó a regir a mediados de agosto por un lapso de noventa días, es decir hasta el 15 de noviembre.
En la práctica, el denominado “DNU petrolero” no solo no pudo frenar el alza de las naftas sino que también comenzó generar una brusca caída en el ingreso de regalías petroleras a las provincias productoras.
A modo de ejemplo, se estima que Santa Cruz ha dejado de percibir mensualmente unos 500 millones de pesos mensuales, ya que Nación fijó un tipo de cambio especial en para las facturaciones entre las compañías productoras y las refinadoras, tomando como referencia la cotización del dólar estadounidense a 45,19 pesos al 9 de agosto, cuando en mercado de cambios la misma era superior.
Uno de los primeros impactos negativos -al menos el que tuvo mayor difusión mediática-, se percibió a principios de esta semana cuando el gobierno de Alicia Kirchner argumentó ante los gremios de trabajadores docentes que a causa del cuestionado DNU que limó sus ingresos, no podía ofrecerles en la mesa de paritarias ningún incremento salarial, lo cual inmediatamente reactivó medias de fuerza de los educadores.
LAS OPERADORAS SOLO DEFIENDEN SUS INTERESES
En tanto, las compañías petroleras también reaccionaron para defender sus intereses económicos y no prosperaron las reuniones de partes convocadas por la Legislatura para buscar una solución a esta problemática, las cuales tuvieron lugar la semana pasada en Buenos Aires con la presencia de autoridades del gobierno provincial y los gremios que nuclea a los trabajadores petroleros santacruceños.
Presagiando el negativo panorama que se avecinaba, Claudio Vidal había manifestado que era necesario impulsar acciones “para corregir los efectos negativos del decreto 566 y por eso estamos estudiando propuestas superadoras”.
“Esta medida excede la cuestión gremial y es algo que afecta a cada uno de los santacruceños. Para nosotros nada terminó el 11 de agosto, más bien todo lo contrario porque –vaticinaba-, se vienen momentos difíciles para el país y desde Petroleros y SER Santa Cruz (espacio político) vamos a estar junto a los santacruceños buscando soluciones”.
AHORA LO VEN
Sin embargo, otros sectores, tanto políticos como gremiales no reaccionaron o parecieron no visualizar las consecuencias del DNU “que de manera irresponsable y sin ningún tipo de consenso, discusión o debate emitió el Gobierno nacional” había dicho el secretario gremial de los petroleros convencionales santacruceños.
Así las cosas, su impacto laboral ya comenzó percibirse en los yacimientos de Chubut y fue el propio secretario adjunto del gremio de esa provincia y también reelecto diputado provincial, Carlos Gómez, quien recién a mediados de esta semana “advirtió” que en esa provincia peligran 850 puestos de trabajo porque las operadoras decidieron paralizar equipos de torre, dejando de invertir 90 millones de dólares “por culpa de Macri”.
Gómez precisó en declaraciones periodísticas que, de acuerdo a lo que anunciara el CEO de YPF, esa operadora proyecta “dejar inactivos cuatro equipos perforadores y tres workover”, en tanto que Tecpetrol ya le comunicó a la contratista San Antonio “que deja sin efecto el convenio firmado para reactivar un equipo perforador, workover y pulling” y por otra parte, CAPSA había decidido bajar un equipo perforador” aunque a último momento esa decisión quedó sin efecto, por ahora.
