Amparados en la Ley de Acceso a la Información, ambos referentes de Encuentro Ciudadano buscan conocer una serie de elementos sobre el impacto de esta actividad en toda la provincia. “Los casinos terminan siendo un negocio de un enriquecimiento formidable para muy pocos”, señalaron.
La diputada Gabriela Mestelán y el diputado electo Javier Pérez Gallart presentaron este miércoles dos pedidos de acceso a la información pública en relación a la actividad de los casinos en toda la provincia. Los dos principales referentes de Encuentro Ciudadano se hicieron presentes en la ASIP, la Agencia Santacruceña de Ingresos Públicos; y en LOAS, Lotería para Obras de Acción Social.
Amparados en la Ley de Acceso a la Información Pública (ley provincial nº 3540), Mestelán y Pérez Gallart hicieron el requerimiento a través de dos notas enviadas a los titulares de ambos organismos públicos: Leandro Zuliani (ASIP) y Roberto Armando López (LOAS).
“Por medio de la presente le solicitamos a Ud. que nos informe en detalle –de acuerdo a los alcances de la ley provincial N° 3.540 de Acceso a la información– aspectos vinculados a la recaudación en concepto del impuesto a los Ingresos Brutos y/o tasas, que haya percibido la Agencia Santacruceña de Ingresos Públicos (ASIP) por la concesión de la explotación de casinos, salas tragamonedas y juego online que lleva adelante la empresa Casino Club S.A desde el 2015 a 2018 inclusive”, expresa el pedido a la institución conducida por Zuliani.
En tanto, el requerimiento a Loterías de la provincia abarca otros puntos: solicita que informe en detalle “aspectos vinculados a la concesión de la explotación de casinos, salas tragamonedas y juego online que lleva adelante la empresa Casino Club S.A referido a lo siguiente: Contrato vigente de la explotación de casinos y salas tragamonedas en las localidades de Santa Cruz. Cantidad de máquinas tragamonedas habilitadas por localidad en la provincia de Santa Cruz. Detalle de las utilidades provenientes de la explotación de casinos y salas tragamonedas de acuerdo a lo estipulado en el artículo 8° de la ley 3.304, de creación de Lotería para Obras de Acción Social. Cánones vinculados a la explotación de casinos y salas tragamonedas”.
Además, solicita “que nos informe el monto de las utilidades destinadas a los ministerios de Desarrollo Social y, de Salud y Medio Ambiente provenientes de la explotación de los juegos de azar durante los ejercicios 2015 a 2018 inclusive”.
NEGOCIO PARA POCOS Y UN SERIO PROBLEMA PARA MUCHOS
“Cuando observamos el impacto de la actividad de los casinos en la provincia debemos considerar, por un lado, lo que genera el juego como enfermedad –la ludopatía–, que se ha convertido en un flagelo”, señala la diputada Gabriela Mestelán. “Por el otro, en términos de lo que significa para las arcas públicas, la actividad de los casinos termina siendo un negocio de un enriquecimiento formidable para muy pocos”, agrega Pérez Gallart.
Cabe observar que la problemática en torno a la actividad de los casinos en Santa Cruz es un tema que Encuentro Ciudadano ha seguido de cerca a lo largo de los años: en agosto pasado, Mestelán volvió a presentar desde su banca en la Legislatura un proyecto de ley de prohibición de los casinos que está ampliamente fundamentado.
El proyecto de ley no alcanza “a las rifas, tómbolas u otros juegos de azar que se realizan con fines benéficos y sin afán de lucro”, sino que plantea la no renovación de las licencias y/o concesiones de las salas de juego ya abiertas una vez que éstas hayan vencido. Abarca a los casinos, bingos, salas de Juego y/o espacios con máquinas tragamonedas.
EL BALANCE ES MUY NEGATIVO PARA QUIENES VIVIMOS EN SANTA CRUZ
En los últimos años, el equipo de trabajo de Encuentro Ciudadano analizó una serie de informaciones disponibles en Presupuestos Provinciales, Presupuestos Provinciales Ejecutados y en otros organismos oficiales. Las conclusiones son altamente negativas para la provincia: “Escasísima es la tributación o aportes que estas salas de juego realizan a las arcas provinciales, mediante Ingresos Brutos y el aporte a LOAS en relación a las millonarias ganancias que se llevan de Santa Cruz”, se lee en la fundamentación del proyecto de ley de Mestelán.
“Al 2015, según datos de la Asociación de Loterías, Quinielas y Casinos Estatales de Argentina (ALEA) en Santa Cruz hay instaladas 1456 máquinas tragamonedas (slots) en los casinos y salas de juego. Esta cifra ubica a nuestra provincia en la 13° posición a nivel nacional, lo cual resulta alarmante en proporción a la población que habita nuestro suelo”, detalla el texto.
“Representan sumas irrisorias, en cuanto el costo y beneficio”, sintetiza la presentación de la diputada. “Está claro que sería más generoso dicho aporte si estas empresas parasitarias se van de la provincia y el dinero que se gasta en juegos de azar se transforma en circulante destinado al consumo de bienes y servicios en cada localidad”, se lee allí.
UN NEGOCIO QUE SE EXPANDIÓ DE LA MANO DEL KRICHNERISMO
El informe que fundamenta la mencionada presentación en la Legislatura detalla que “desde 2001 hemos visto en nuestra provincia la proliferación de Casinos y Salas de Juego con máquinas tragamonedas”, que “actualmente hay casinos instalados en Río Gallegos, El Calafate y Caleta Olivia y Salas de Juego de máquinas tragamonedas –figura peculiar por cierto– en Las Heras, Pico Truncado y Puerto Deseado, todas explotadas por la misma empresa”.
“Con este ‘negocio lícito’, del cual la provincia de Santa Cruz tiene competencia para su regulación mediante Lotería para Obras de Acción Social (LOAS), se ha generado la estimulación de nuevas adicciones como la ludopatía, que ha destrozado familias y en particular a las personas que la padecen. Así, un pequeño grupo de empresarios, obtienen formidables beneficios, del dinero circulante en cada localidad, el que se va de nuestra provincia a ser invertido en otros lugares”, observa y cuestiona.
TODOS PODEMOS HACER PEDIDOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
La Ley provincial de Acceso a la Información, sancionada a mediados de 2017 por iniciativa de Gabriela Mestelán desde la banca de Encuentro Ciudadano, establece que “la solicitud de información se formulará por escrito y sin ninguna formalidad a excepción de la identidad del solicitante, el detalle claro de la información solicitada que permita al funcionario identificarla y el domicilio del solicitante, a los fines de evacuar la consulta”, y “una vez recibido el pedido, el funcionario responsable de evacuar la consulta deberá informar en el plazo máximo de diez (10) días al peticionante si va a acceder o no a su requerimiento. El plazo se podrá prorrogar en forma excepcional por otros diez (10) días hábiles de mediar circunstancias que hagan inusualmente difícil reunir la información solicitada”. En caso de no haber respuestas, la propia ley establece que “el afectado podrá recurrir a la vía del amparo” judicial.
