Lo hicieron diputados junto a funcionarias de la Secretaría de Estado de Comercio e Industria, en el marco de la Comisión de Trabajo presidida por Matías Mazú. Celeridad en la tramitación de reclamos, adecuación a las realidades de los usuarios y consumidores; como así también jerarquización del equipo de inspectores, son los principales ejes.
Este mediodía, durante la reunión de Comisión de Desarrollo, Energía, Combustibles, Minería, Industria y Comercio de la Legislatura Provincial, diputados analizaron modificaciones propuestas por el Poder Ejecutivo a la Ley Nº 2.465 y modificatorias en materia de Defensa del Consumidor.
La reunión estuvo presidida por Matías Mazú, junto a Víctor Álvarez, acompañados por Hugo Garay, Javier Flores, Sergio Bucci, Santiago Gómez y Gerardo Terraz, como así también Oscar Lemes, Miryam Alonso, Daniel Gardonio y Alberto Lozano.
Al encuentro asistió la Secretaria de Comercio e Industria, Silvina Córdoba, junto a su equipo técnico, oportunidad en la que justificaron las modificaciones a la actual legislación, centralmente en lo que respecta al procedimiento administrativo, sosteniendo que se busca brindar mayor celeridad en los tiempos de la tramitación de los reclamos presentados por consumidores de bienes y servicios, adecuar la legislación a las actuales realidades de los consumidores, como así también jerarquizar el equipo de inspectores que realiza las verificaciones sobre el cumplimiento de la Ley Nacional Nº 24.240.
Para ello, las modificaciones más relevantes, giran en torno a la “precisión de datos en cuanto a los proveedores reclamados, con miras a prevenir posibles irregularidades que puedan atentar a la defensa del consumidor”, como así también respecto de “la creación y jerarquización del cuerpo de inspectores de consumo, quienes se encuentran dotados de idoneidad suficiente a fin de dar cumplimiento a los requerimientos de la autoridad pertinente”.
Otro de los puntos relevantes tiene que ver con “la diferenciación entre las actuaciones impulsadas de oficio y los sumarios por denuncia de particulares; la renovación de las audiencias de conciliación, sancionando las posibles incomparecencias por parte de proveedores reclamados y rebeldes”, además de “la rigurosidad en el acogimiento de disposiciones preventivas por parte de la autoridad, previendo en caso de contravención la adopción de medidas preventivas y/o cautelares, independientemente de las sanciones que posteriormente correspondan aplicar”, de acuerdo a la fundamentación realizada en la presentación del Proyecto de Ley.
Finalmente, durante el encuentro, se destacó que el fin último en estas modificaciones, tienen como eje profundizar la defensa de los consumidores y sus derechos y optimizar el procedimiento administrativo brindándole mayor celeridad.
