Así calificó la diputada Gabriela Mestelán lo sucedido con el juez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Cruz, Mario Reynaldi, quien recibió “una irrisoria sanción económica” tras ser denunciado por sus vinculación con un ex comisario investigado por trata de personas en Río Gallegos. “Por ética y decoro debería someterse a juicio político o renunciar”, afirmó la legisladora de Encuentro Ciudadano.
La noticia se conoció sobre el cierre de la semana pasada, cuando el Consejo de la Magistratura de la Nación sancionó al juez Mario Daniel Reynaldi con el descuento del 30% de su sueldo por única vez, luego de un proceso que se extendió durante tres años y en el que se lo investigó por su presunta vinculación con casos de trata de personas con fines de explotación sexual en la capital de Santa Cruz.
“Consideramos que ha sido de extrema gravedad lo ocurrido, más todavía ante tamañas evidencias, como para concluir en una multa del 30% de quita de un salario del magistrado”, observó la diputada de Encuentro Ciudadano, Gabriela Mestelán.
Cabe recordar que la investigación contra Reynaldi se inició por una presentación del titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, Marcelo Colombo, quien denunció la relación entre el magistrado y el comisario retirado Horacio Herrera, quien estaba imputado en una causa por trata de personas en Río Gallegos. La acusación contra el magistrado se centró en una serie de escuchas telefónicas entre el magistrado y el ex policía, cuyo teléfono estaba intervenido por la justicia.
“Por decoro y ética en el ejercicio de pública la función, el magistrado debería ofrecerse para la realización del juicio político en su contra, o debería renunciar”, definió Mestelán.
Asimismo, cuestionó “el manto de protección e impunidad por parte de algunos de los integrantes del Consejo de la Magistratura”. La legisladora se refiere a quienes votaron en contra de abrirle un proceso de juicio político al juez: los dos representantes de los jueces, los senadores peronistas Mario Pais y Rodolfo Urtubey, y el diputado del Frente para la Victoria Rodolfo Tailhade.
“El Consejo de la Magistratura tiene como función no sólo la selección de jueces, sino también la sanción de los magistrados. Es inaceptable lo que hicieron ante el caso de Reynaldí”, calificó la diputada.
NO HAY TRATA SIN CONNIVENCIA
Más allá de este caso puntual, la legisladora de Encuentro Ciudadano llamó la atención sobre la problemática de la trata de personas en Santa Cruz al afirmar que “según estadísticas fehacientes nuestra provincia es uno de los lugares de destino para la trata de personas con fines de explotación sexual. Es por ello que urge poner especial atención en este tema”.
“Estamos ante un delito que sigue proliferando en clara connivencia con el poder político, el poder judicial y la institución policial”, afirmó.
“Nos sumamos al pedido de muchas organizaciones que conciben que la trata de personas en todas sus formas, y en particular el tráfico para fines de explotación sexual y prostitución, debe ser declarada un crimen de lesa humanidad –argumentó la legisladora–. Los traficantes deben ser llevados a juicio en el marco de leyes nacionales e internacionales claras, con el decomiso de aquellas ganancias que sean producto de su actividad ilegal, y las víctimas deben ser indemnizadas por todos los daños sufridos”.
“Luchar contra las nuevas formas de esclavitud, entre ellas la trata de personas, es mandato de humanidad”, concluyó la diputada de Encuentro Ciudadano.
