Así lo sostuvo Gabriela Mestelán tras conocerse la resolución judicial que intima a la empresa a convocar a una audiencia pública en el término de 20 días. “Hace más de un año que hacen trampa, cobran lo que quieren sin informar y el servicio es cada vez peor en muchos lugares”, cuestionó la diputada que dio inicio a la causa judicial.
El lunes por la tarde se conoció la resolución del juez Antonio Andrade, titular del Juzgado de Familia Nº2 de Río Gallegos, que intima a Servicios Públicos S.E. a que en el término de 20 días celebre una audiencia pública “en la que se proceda a dar debida explicación de los alcances del nuevo cuadro tarifario”. “Creemos que lo más valioso del fallo es este llamado a audiencia”, afirmó la diputada Gabriela Mestelán.
Es ella quien presentó un recurso de amparo el 17 de marzo del año pasado, patrocinada por el Dr. Javier Pérez Gallart, presidente de su partido, Encuentro Ciudadano.
“El aumento de Servicios Públicos es brutal y sólo busca recaudar, hay boletas que se fueron a las nubes y existen muchos casos de mediciones de consumo mal realizadas. Pedimos que se aplique una verdadera tarifa social que contemple a los sectores sociales más vulnerables”, declaraba Mestelán en ese entonces.
“Ya transcurrió más de un año de nuestra primera presentación judicial y tengo que decir que en todo este tiempo el gobierno utilizó diferentes mecanismos para no dar respuestas ante nosotros, los usuarios; lo mismo hizo para evitar dar explicaciones ante la justicia y, con distintos artilugios, buscó la forma de seguir aplicando aumentos brutales sin informar a nadie”, fustigó la legisladora.
UNA TRAMPA CLAVE DE SERVICIOS PÚBLICOS
“Una de las trampas claves del gobierno fue dar de baja a una resolución de la empresa por la cual se aplicó el primer tarifazo, aquel que tuvo vigencia en los primeros meses del año pasado y por el cual presentamos el amparo –continuó detallando Mestelán–. El juez había ordenado la suspensión de esa tarifaria tras un pedido realizado por nosotros entonces. Qué hizo el gobierno: dio de baja a esa resolución pero meses después la empresa dictó nuevas resoluciones con nuevos aumentos, como una manera de esquivar el freno que había dictado la justicia”.
En relación a esto, Mestelán detalló que “incluso hoy, en proporción, la empresa les está cobrando más a quienes menos consumen y, por otra parte, sigue sin tener un criterio de tarifa social, la cual está muy atrasada y es casi inexistente”.
“Se llegan aplicar aumentos de hasta un mil por ciento, con boletas difíciles de interpretar, y todo sucede en un contexto donde los servicios que presta Servicios Públicos –luz, alumbrado público, agua y cloacas– son cada vez peores. Esto sucede en el marco de una provincia donde la mayoría de los salarios estatales están congelados, o se pagan atrasados, y todo bajo la responsabilidad del mismo gobierno”, describió Mestelán.
EL JUEZ PIDE QUE SE INVESTIGUE DELITOS PENALES DE FUNCIONARIOS
En la resolución dictada este lunes por el juez Andrade, se libró oficio para que sea la justicia penal la que investigue “los presuntos delitos de desobediencia o incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
En relación a este punto, la diputada recordó que el 23 de mayo del año pasado el abogado patrocinante, Perez Gallart, “había presentado una denuncia por desobediencia contra Lucio Tamburo, el presidente de Servicios Públicos, dado que ya existían maniobras de la empresa para no acatar la resolución judicial que lo obligaba a suspender el aumento de tarifas”.
“En términos de la causa judicial, ayer presentamos un nuevo pedido de suspensión del aumento de tarifas, esto es, una nueva medida cautelar sobre la cual el juez deberá resolver. Pero más allá de continuar con los trámites judiciales, lo que esperamos es que Servicios Públicos, después de una historia de no rendir cuentas, celebre esta audiencia pública ordenada por el juez y nos dé explicaciones a todos los santacruceños”, finalizó la diputada de Encuentro Ciudadano.
