La Cámara de Comercio, Industria y Afines de Río Gallegos (CCIARG), la Asociación de Empresarios Hoteleros, Gastronómicos y Afines y el Sindicato de Empleados de Comercio, enviaron una nota a las autoridades de la municipalidad capitalina para solicitar que establezca una amplia moratoria para todas las deudas fiscales. Se requiere un régimen especial de regularización que debería incluir la condonación parcial de intereses, multas, recargos y sanciones.
Además se propone que los medios de pago pueden ser de contado, con certificado de crédito fiscal o a través de planes de pagos de hasta 36 cuotas, según la categoría del contribuyente o el monto de la deuda a regularizar.
La nota fue consensuada en una reunión que mantuvieron la presidente de la CCIARG, Cristina Aranda; el presidente la Asociación de Empresarios Hoteleros, Gastronómicos y Afines, Jorge Fernández Bertín; el secretario General del Sindicato de Empleados de Comercio, Claudio Silva y los integrantes de la CCIARG, Daniel Cruces y Raúl Galcerán.
“Es bueno saber y entender que quizás la piedra basal de esta moratoria fue a pedido de los comerciantes que cumplen, que por ahí en virtud de la crisis y la caída de la demanda generalizada en los últimos dos años se atrasaron. La Cámara de Comercio estaba pidiendo un régimen para poder tener un poco de aire y así lo entendieron las autoridades provinciales al aprobar la prórroga de la Emergencia Comercial, y esperamos que las autoridades del municipio de Río Gallegos también colaboren con el sector y brinden esta herramienta que demandan los contribuyentes afectados por la crisis”, sostuvo Cristina Aranda, presidente de la CCIARG.
“Las sucesivas crisis han generaron importantes problemas de competitividad y rentabilidad a las empresas y comercios de nuestra ciudad y causaron la involuntaria acumulación de importantes deudas fiscales que ponen en riesgo su continuidad y de los puestos de trabajo. Por ello, con el espíritu de colaborar, hemos elaborado una propuesta, tratando de compatibilizar el interés del fisco con los de las empresas y comercios en dificultades”, agregó Aranda.
También demandó acciones contra el comercio ilegal. Remarcó que las autoridades nacionales, provinciales y municipales deben reunirse para avanzar en la coordinación de las acciones contra el comercio ilegal. El objetivo debe ser mejorar los controles comerciales a través de una maximización de recursos.
“Estamos solicitando la protección del comercio formal. Los controles que demandamos no son un ataque al comercio ilegal, ya que entendemos que para mucha gente este tipo de comercio es la única posibilidad de obtener dinero para poder alimentar a su familia, es por eso que buscan integrarlos al comercio legal. Entonces, acá la idea es proteger al comercio legal y tener acciones para que todos los que tienen un comercio informal se puedan encaminar a la formalización. Es la única forma de que nos desarrollemos y que haya una competencia legal, que es lo más importante, para contribuir con los impuestos que después terminan redundando en la sociedad”, explicó Aranda.
Por su parte, el secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio, Claudio Silva, calificó la iniciativa como “positiva” y remarcó que a pesar que el gremio representa a los trabajadores, se coincide con los empresarios, quienes dan trabajo a los afiliados del sindicato, que “hay intereses comunes y hay que defenderlos” ante una crisis.
“La situación en Santa Cruz no es la mejor, pero no de ahora, sino desde hace mucho tiempo. Siempre digo que los comerciantes están aguantando una situación, y a pesar que muchos no coinciden conmigo de que no hay despidos masivos en el sector según nuestra base de datos, hemos acompañado a la Cámara de Comercio en apoyar la Emergencia Comercial como medida paliativa para frenar embargos de la AFIP ante falta de pagos. La Provincia acompañó con esta emergencia, y ahora solicitamos que el municipio acompañe”, demandó Silva.
Por otro lado, el dirigente sindical se refirió a las clausuras de emprendimientos y locales que está concretando la Dirección de Comercio de la Municipalidad de Río Gallegos. “También estamos preocupados, porque quien estuvo a cargo durante un tiempo del municipio ha salido a tomar unas medidas, que para nosotros son un tanto abusivas. Los empresarios y nosotros consideramos que no eran las medidas correctas, porque hay que defender el derecho a trabajar y si después, ese empresario tenía algún tipo de deuda o irregularidad, debe existir otro mecanismo para respetar las reglas que están vigentes. No se debe ir directamente a la clausura, porque no se le da la oportunidad de subsistir al empleador y a sus empleados que corren el riesgo de perder sus puestos. Esta es nuestra preocupación, e invitamos a recapacitar y solicitamos que no se tomen medidas extremas, para que no se perjudique el derecho a trabajar, pero esto no implica que se pague las deudas o multas”.
El titular de la Asociación de Empresarios Hoteleros, Gastronómicos y Afines, Jorge Fernández Bertín, explicó: “Nosotros decidimos acompañar el pedido de moratoria de la Cámara de Comercio, pero esto significa un pedido de un paliativo para la realidad que tiene el sector comercial. Sabemos que no es una solución completa, ya que todo el sector mercantil esta una situación crítica, pero entendemos que esto permitirá dar oxigeno a los comerciantes hasta que haya un proceso de reactivación económica y de consumo”.
También hizo hincapié que “solicitamos a las autoridades mayores controles a la oferta informal, y sobre esta problemática venimos trabajando desde hace mucho tiempo, ya que entendemos que la competencia desleal están aquellos que no son controlados y no hacen aportes al Estado, y por ende tienen menores costos” en productos y servicios, apuntó Fernández Bertín.
Por último, remarcó que es necesario que el municipio “pueda garantizar la estructura de servicios en la ciudad, para que todas las actividades puedan desarrollarse normalmente”.
