El interventor de YCRT, Omar Zeidán, realizó una presentación judicial con el fin de solicitar la intervención de la UTN y la remoción de sus autoridades. De esta forma, busca cambiar el foco de la información, que lo tiene como protagonista a raíz de los 500 despidos en la mina.
A través de sus abogados, Omar Zeidán pidió a la justicia que proceda a la intervención judicial de la Facultad Regional Santa Cruz de la Universidad Tecnológica Nacional y a la remoción de sus autoridades, entre las que figura el decano Martín Goicochea, autoridad máxima de la casa de altos estudios desde hace ya varios años y reconocido adepto al kirchnerismo. La UTN ya se encuentra en la mira de la justicia en distintas causas, y lo que busca ahora Zeidán es acelerar los tiempos y correrse un poco del foco informativo, que lo tiene como protagonista por ser el brazo ejecutor de los 500 despidos realizados en la empresa.
De acuerdo a lo informado por YCRT, Zeidán basa su pedido a la justicia en “el amplio caudal probatorio que existe sobre delitos cometidos desde esa facultad, con las ex autoridades nacionales y la anterior Intervención del yacimiento, entendiendo que existe pleno y concreto riesgo de entorpecimiento de la investigación que se sigue en la causa Nº 5218/16, la cual se tramita ante la Secretaría Nº 18 del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 9 de CABA, por cuanto la interposición de las actuales autoridades de la UTN podrían producir daños patrimoniales a la Unidad Productiva representada por el Interventor y en el mismo escrito alienta la necesidad de promover el recupero de los recursos dinerarios y/o bienes del Estado, que constituyan el producido económico de los gravísimos hechos de corrupción pública, generados a partir de una connivencia entre los sectores del poder político nacional, la anterior Intervención de YCRT y la UTN con sede en Río Gallegos”.
Reforzando su pedido, Zeidán analiza la inconveniencia que frente a la casa de altos estudios, sigan estando “quienes son parte de las denuncias formuladas oportunamente por corrupción administrativa, desvío de fondos, malversación de caudales públicos, administración fraudulenta y una serie de delitos económicos que se encuentran en proceso de investigación”.
“Desde la autoridad que me otorga el cargo de Interventor le expreso al Juez que no es posible sostener en sus cargos al Ingeniero Martín Goicochea como Decano de la Facultad y al Licenciado Sebastián Eduardo Puig como Vice Decano, quienes el 28 de diciembre de 2017 reasumieron en sus puestos por 4 años más, cuando ambos se encuentran bajo investigación de la justicia”, señaló el Interventor, agregando que “en el caso de Goicochea el 16 de febrero de este año fue procesado por la justicia federal como coautor del delito de defraudación por administración fraudulenta cometido en perjuicio de la administración pública y Puig fue parte de la gestión anterior con Goicochea como Secretario de Extensión Universitaria del Rectorado de la UTN, durante el 2008, año clave en el que se celebró el Convenio Marco de Cooperación y Asistencia Técnica con la Intervención de YCRT y resultó ser un montaje ilegal a través del cual se canalizaron todos los hechos de corrupción por cientos y miles de millones de pesos, que desde que asumimos, venimos denunciando”.
Finamente, y de acuerdo a la información vertida por la empresa, Zeidán afirmó que “no podemos ni debemos darles tregua a quienes llevaron a YCRT a la situación en que hoy se encuentra. Debemos quitar definitivamente de circulación en el Estado a estos personajes que tanto mal le hicieron a la Facultad como institución, a nuestra empresa desde lo patrimonial y al país en lo financiero. Esas consecuencias, esas complicidades, toda esa plata que se robaron simulando contratos de consultorías, compras trianguladas, servicios técnicos, asesoramiento y un sinnúmero de formatos vacíos de contenidos, pero llenos de corrupción, aprovechando su lugar de poder, las estamos pagando hoy en el déficit del cual ningún sector puede escapar y menos aún nuestro yacimiento, el cual por más de una década, fue utilizado para encubrir negociados y alimentar la billetera de algunos vivos, sin importarle el futuro de la empresa ni de los habitantes de la cuenca”.
