Este fin de semana el intendente Giubetich en paralelo a al concejal Sccipo hicieron declaraciones en lo referido a la “problemática de los perros callejeros”.
Lejos de dar plantear soluciones ambos prefirieron continuar dilatando una situación que se viene denunciando con años de antelación, por la conocida acción de diferentes asociaciones animalistas, personas a título personal y protectoras de animales.
Una variedad de imprecisiones que se desprenden de los dichos de ambos.
Es irreal el número de canes en la ciudad, 35 mil y no se comprende ni se justifica la cifra ofrecida. No hay datos oficiales y los extra oficiales hablan de un más generoso 70 mil, y siempre en crecimiento. El alcance del plan de castraciones actual demuestra más una falta de voluntad que de ausencia de recursos: 300 canes al mes son 10 por día, y sabemos que no castran todos los días. Existen limitaciones para acceder a la castración, falta de publicidad, cupos por persona, burocracia.
Existe la Ordenanza Municipal Nro. 8426 que declara a la ciudad libre de eutanasia. Pero que no avanza con las castraciones masivas ni tampoco se instrumenta un presupuesto para su sostenimiento. Un hecho grave es que se incumple con la norma ya que la vieja “perrera” continúa “levantando” perros callejeros sin denuncia de agresión previa, tal como señala la ordenanza citada. Avanza en una “tenencia responsable” que solo es una manera de deslindar responsabilidades del estado a la población, en una temática de salud pública y por lo tanto de órbita de actuación estatal.
La construcción de un eco-albergue debe ser desestimada porque fomenta el abandono: donde el perro es retirado de la calle para que mueran hacinados en un canil, lo que devendría en una forma de sacrificio.
En suma todas las políticas públicas sobre el control animal han fracasado, desde el sacrificio, la captura y el hacinamiento en albergues.
Diferentes experiencias en el país han comprobado que el control de la población de los animales domésticos es la solución a esta problemática, porque logra un equilibrio entre la salud pública y el bienestar animal, sobre la base de la prevención.
La Ordenanza Municipal Nro. 8426 debe ser reemplazada por una nueva norma que garantice un presupuesto específico para la resolución de esta problemática. Las castraciones deben implementarse de manera masiva de carácter gratuito y deben sostenerse en el tiempo para llegar a un punto de equilibrio. La problemática es grave y por lo tanto esta medida debe ser acompañada de una fuerte propaganda destinada a la concientización de la población en materia de “tenencia responsable”, así mismo facilitar el acceso a la castración, eliminando trámites burocráticos y que no hacen al efecto de la medida.
La audiencia pública solo puede ser vinculante y debería habilitar a su pronta resolución, de lo contrario solo es una manera de dilatar en el tiempo la resolución de la problemática, habida cuenta de la cuantiosa información de que dispone el municipio y que es fruto del trabajo cotidiano que numerosas personas organizadas aportan.
