En 2014, Potrank Argentina fue declarada en concurso preventivo de acreedores. Su dueño, Carlos Parsons, cedió su potestad como contratista a María Eugenia Osorio. Desde ese lugar, la fabricadora de tanques de almacenamiento de petróleo reclama a Distrigas el pago de una deuda contraída antes de diciembre de 2015 y sin respaldo alguno de documentación. Ahora su contratista condicionó la cancelación de esa deuda a la devolución de maquinaria del Estado, por lo que la empresa provincial presentó una denuncia penal por “la posible comisión de delito de acción pública”.
La firma que fundó el santacruceño Carlos Parsons, Protank Argentina, entró en concurso preventivo de acreedores en 2014 y tiempo más tarde cambió de contratista. Parsons se quedó con el puesto de apoderado de la empresa y derivó a María Eugenia Osorio ese título.
Meses después de comenzada la nueva gestión de Distrigas, el empresario –ya en calidad de apoderado- presentó un reclamo por el pago de un adicional de obra por trabajos realizados en Los Antiguos que equivaldrían a 260 mil pesos. Sin embargo, la empresa provincial señaló que esa exigencia “carece de nota de pedido, orden de compra, y no tiene aprobación del directorio anterior”. También indicaron que “la gerencia provincial técnica desconoce los trabajos que la contratista dice haber realizado y tampoco aprueba el monto reclamado que carece de presupuesto oficial y de la correspondiente compulsa”.
Por otro lado, desde Distrigas detallaron que en el marco de un contrato con adjudicación de obra para la localidad de El Chalten, la contratista Osorio “retiró de la localidad de 28 de Noviembre cuatro vaporizadores indirectos sin autorización de la gerencia provincial técnica y habiendo sido intimada en dos oportunidades por cartas documentos para que los entregue en nuestro depósito jamás contestó”. Este último hecho se tornó extorsivo luego de que el apoderado y la contratista condicionaran la entrega de la maquinaria al pago de la deuda antes mencionada, de la que no existe documentación y que, además, fue contraída antes de diciembre de 2015.
En ese contexto, el presidente de Distrigas, Fernando Cotillo presentó ante el Juzgado Federal de Río Gallegos una denuncia penal “por la posible comisión de delito de acción pública” contra María Eugenia Osorio, quien “persiste en no devolver a Distrigas S.A. cuatro equipos vaporizadores indirectos que fueron retirados por el Señor Carlos Parsons de nuestras instalaciones ubicadas en la localidad de 28 de Noviembre”.
En sus argumentos, la empresa subdistribuidora de gas por redes de la provincia explica que “los equipos retenidos injustificadamente por la Sra. María Eugenia Osorio son indispensables para poder operar de manera segura y previsible las Plantas de Gas Licuado de Petróleo y estaban destinados a las Plantas I y II de la localidad de El Chalten”.
“Mediante una nota fechada el 22 de marzo -continúa el texto-, firmada al pie por la denunciada María Eugenia Osorio, ella misma reconoce estar en posesión de los cuatro vaporizadores indirectos y condiciona su entrega al pago de sumas de dinero que no le corresponden”.
Por tanto, la presentación de la empresa provincial tiene por objeto “se investigue si la denunciada María Eugenia Osorio y el que actúo como su representante de nombre Carlos Parsons incurren con su conducta en entorpecer reteniendo injustificadamente equipos técnicos necesarios para la operación segura de las Plantas de Gas Licuado de Petróleo en el delito tipificado en el artículo 194 del Código Penal que reza: ‘El que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años'”.
