Carlos Somoza es integrante del foro Conectados en Santa Cruz y junto a la FEPOTRA (Tierra del Fuego) presentaron un reclamo ante la Defensoría del Pueblo de la Nación para que se dé cumplimiento efectivo de Ley Nacional N°26.776, que ordena como “Política de Estado” la conexión marítima entre la isla grande de Tierra del Fuego y Santa Cruz.
Es preciso señalar además que la Senadora Nacional Magdalena Ordarna del Frente Progresista-CCARI de Río Negro, tomo este reclamo y lo elevo a la cámara ordenando tener la previsión de fondos para el ejercicio financiero 2018, para que se lleven adelante los estudios de factibilidad que ordena la Ley 26.776, tanto en materia de conectividad marítima como para la extensión de la traza de la Ruta Nacional N° 40.
Crear además un consejo consultivo parlamentario que acompañe, impulse y potencie el desarrollo de los estudios de factibilidad, integrado por miembros del Poder Legislativo Nacional, de los gobiernos de las Provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego, las Universidades Públicas Nacionales, organizaciones sociales, sindicales y políticas de ambos Estados Provinciales.
“Pedimos que se financien esos estudios y luego de ello la compra de dos buques para el cruce”, dijo Somoza, advirtiendo que un DNU del 2015 destina 1000 millones de pesos para ello, “pero quedaron en mera expresión de deseo, ya que nada se ha hecho”. Más adelante recalco que “lo que pedimos es que se hagan esos estudios y presente un amparo colectivo para que se respeten los derechos de los habitantes de Tierra del Fuego y Santa Cruz, para que no tengamos que depender de la ruta chilena”. Respecto de los tiempos dijo que el amparo es una cuestión rápida, “nos pidió 10 días para estudiar las 1000 fojas de todo lo que se ha estudiado hasta ahora y presentar ante la Justicia federal de Buenos Aires esta acción de amparo”. Somoza aclaro que, en caso de no avanzar por esta vía, ya están preparando todo “para judicializar este tema”.
