El Gobierno nacional avanza en la quita de pensiones a personas con discapacidad. En el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Santa Cruz ya recibieron al menos 163 casos. Podrían ser más ya que aún no cuentan con información oficial. “Lo vemos como una pérdida en los derechos de las personas con discapacidad”, dijo Alejandra Shanahan.
Gran controversia generó en todo el país la quita de pensiones no contributivas a personas con discapacidad por parte del Gobierno Nacional. Según información oficial son más 83.000 casos entre personas con esta condición, de la cual Santa Cruz no escapa de la triste realidad. Si bien aún no se cuenta con datos oficiales, en el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia ya recibieron que acá serian al menos 163 casos. La incertidumbre es grande y la preocupación aun mayor, ya que los titulares de derecho no fueron notificados y directamente no se les deposito en la cuenta. Al respecto se refirió la Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia del MDS provincial, que por estas horas intercede a los damnificados, asesorando en cada caso que se plantea. “estamos preocupados y ocupándonos del tema para dar respuesta a las personas que hayan sufrido la baja o suspensión de la pensión”, sostuvo Alejandra Shanahan, titular del área.
Informaron que la Ministra Vesbecian manifestó su consulta e inquietud junto a sus pares de la Patagonia a la titular de la cartera a nivel nacional (Carolina Stanley), “y nosotros ya hemos pedido los datos oficiales a la comisión Nacional de Pensiones, como la nómina y motivos de baja para poder acompañar a los titulares”. A su vez dio cuenta que ya se han recibido situaciones que se han ido acompañando para que se puedan revertir, “lo que preocupa es que están aumentando los casos en Santa Cruz, sabemos de 163 pero pueden ser más”, sostuvo. En este contexto, afirma estar trabajando en forma conjunta con los municipios y los COCs, “para estar cerca de las personas y acompañarlos en este proceso, ya que lo vemos como una pérdida en los derechos de las personas con discapacidad”.
Cuestionó la decisión arbitraria del Gobierno Nacional que no tiene “una gestión basada en perspectiva de derechos”, ya que no se informó previamente, “está más que claro que la pensión es un derecho”. Más allá de este derecho en si para la persona, también se vulnera al familiar a cargo, “sino que muchas veces genera una seguridad para la familia saber que va a contar con un ingreso el resto de su vida”. La preocupación no solo gira entorno a esta quita, sino en lo engorroso y lento del trámite en los últimos tiempos, “pero además sabemos que no se han generado nuevos casos, un trámite que requiere de un médico y equipo de profesionales que evalúen la discapacidad”.
